El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha suspendido las declaraciones previstas para la próxima semana del director general de Deportes en la última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y del ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Raimundo Alabern, imputados en el marco de la pieza que investiga el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
Ambos estaban citados a declarar el 1 de septiembre y ésta es la segunda vez que se aplazan sus comparecencias, aunque por el momento no se ha fijado nueva fecha para su declaración, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Está previsto que ambos encausados sean interrogados por dos convenios que rubricaron el Ibatur y la Fundació Illesport con Nóos por 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, si bien el destino de estos fondos no ha sido justificado.
Así, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 tomase declaración el pasado día 11 al fundador de la entidad dedicada al mecenazgo, Diego Torres -también como encausado-, tanto Alabern como Ballester, campeón de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y defendido por el letrado Angel Aragón, también deberán dar su versión en torno a cómo se gestaron los dos convenios.
Y es que, de acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport no ha sido acreditado. El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Ibatur, un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró apenas tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-.
Unos hechos investigados en concreto en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007). El propio Torres, quien sucedió a Urdangarín al frente de Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo, manifestó que los trabajos para los que se destinaron los fondos públicos se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para el foro.
Se da la circunstancia de que hasta el momento la sede de esta entidad no ha sido hallada por los investigadores. Cabe recordar que sobre los convenios investigados, Matas admitió en su declaración como imputado que recomendó firmar los convenios y que «lo volvería a hacer», tal y como recalcó el ex jefe del Ejecutivo a preguntas de la Fiscalía. Fue de este modo como Matas defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que «todo se hizo de forma correcta».
Sin embargo, sobre estos hechos ya se había interesado el Ministerio Público en otras comparecencias del caso. Así, al respecto fue interrogada la entonces jefa de Gabinete de Matas, Dulce Linares, quien aseveró ante el juez, también en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por Matas, aunque negó que el ex jefe de la Administración autonómica le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado.
Mientras tanto, al respecto también fue preguntado el entonces conseller de Turismo y actual diputado del PP, Joan Flaquer, que en su comparecencia como testigo aseguró ignorar, por el contrario, quién gestó el convenio, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar «por la armonización del turismo y el deporte». Además, antes de que se iniciaran las investigaciones, el PSIB denunció en un principio las irregularidades en torno a la organización de este evento sobre turismo deportivo y exigió para ello información detallada sobre los gastos del Forum.