La 'operación Ossifar' se extiende más allá de la compra de 390 contenedores soterrados. Los interrogatorios a los detenidos el jueves y el sábado de la semana pasada y la documentación intervenida por la Guardia Civil han levantado sospechas entre los investigadores sobre varios contratos suscritos por Emaya. Entre ellos se encuentra la supuesta compra de decenas de contenedores convencionales por alrededor de 100.000 euros. Los dispositivos fueron encargados por la empresa municipal y pagados. Sin embargo, ahora no aparecen, por lo que se sospecha que pudiera ser una 'compra fantasma'. Cada uno de estos contenedores, el modelo convencional de superficie, no los soterrados, cuesta alrededor de 1.200 euros.
Albarán
La gerente de Emaya, Malén Tortella, declaró ante la Guardia Civil que los contenedores efectivamente se recibieron y que existe un albarán que lo demuestra. Sin embargo, señaló que habitualmente no se inventariaban los dispositivos y que hasta que ella lo ordenó no se numeraban los contenedores, con lo que explicó así que desaparecieran.
Tortella defendió la legalidad de los contratos firmados durante las cerca de siete horas que duró su declaración ante la Guardia Civil. Otros de los interrogados apuntaron a la cúpula de Emaya. Así, el director técnico y 'número tres' del organismo, Llorenç Mestre -que declaró como imputado el sábado por la mañana-, explicó que Germán Chacártegui (el único detenido que ha pasado a disposición judicial) tenía hilo directo con la presidenta, Cristina Cerdó, y que así saltaba su filtro y el de la gerente.