La declaración policial del ex director de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y la documentación intervenida en los registros del pasado jueves llevaron ayer tarde a la Guardia Civil a detener a otras cuatro personas por su posible implicación en la 'operación Ossifar'.
Entre los nuevos detenidos se encuentra la ex 'número dos' de Emaya, la ex gerente del organismo, Malen Tortella. También hay dos empleados de la empresa que suministró los contenedores soterrados, en cuya venta la Fiscalía sospecha que hubo un fraude de 1,2 millones de euros. El último de los detenidos es un ingeniero de una empresa constructora. Los investigadores sospechan que estos últimos pudieron beneficiarse del sobrecoste que tuvo para las arcas públicas la compra de los contenedores.
Por su parte, Germán Chacártegui quedó ayer en libertad con cargos tras declarar ante la jueza de guardia en Palma. El imputado descargó la responsabilidad de la firma del contrato para la adquisición de 390 contenedores soterrados en la cúpula de la empresa pública.
Chacártegui declaró en la madrugada del viernes durante más de seis horas en la comandancia de la Guardia Civil. El ex director de Medio Ambiente de Emaya señaló que su papel en la empresa municipal era meramente técnico. Señaló que como ingeniero industrial se limitó a hacer un informe que luego pasó por el filtro de sus superiores. Por encima de él en Emaya había en ese momentro tres personas: la presidenta, Cristina Cerdó; la gerente, Malén Tortella, y el director técnico, Lorenzo Mestre. Según el detenido, la decisión de contratar los contenedores les corresponde a ellos.
Medidas
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ningún tipo de medida cautelar contra Chacártegui. De esta manera quedó en libertad provisional, si bien se tendrá que personar de forma periódica en sede judicial. El ex directivo de Emaya, que fue asistido por el letrado Juan José Cano de Alarcón, está imputado en dos delitos: fraude a la administración y malversación de fondos públicos.
La ex gerente de Emaya, Malen Tortella está imputada en la 'operación Picnic'. Ocupó el cargo hasta hace apenas dos meses, tras la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno de Cort.