El Govern ha iniciado los trámites administrativos para modificar la Llei de Funció Pública 3/2007 con la intención de que el catalán sólo sea un mérito para trabajar en la Administración y no un requisito como lo era hasta ahora.
Así lo reconocía el propio Ejecutivo autonómico, a través de un comunicado emitido por la Conselleria d´Administracions Públiques que dirige el menorquín José Simón Gornés, en el que especificaba que el conocimiento del catalán «se continuará exigiendo para poder promocionar o ascender en la carrera profesional». Del decreto sólo se excluye a los profesionales de educación.
Indignados
El STEI-i ha sido el primer sindicato en reaccionar a la propuesta de modificación de la Llei de Funció Pública -cuyo borrador será debatido el próximo viernes en la Mesa General de Funció Pública- considerando que el anteproyecto que les ha remitido el Govern es «el ataque más grave contra la lengua catalana desde la democracia y la aprobación del Estatut d´Autonomia», denunciando que «la mayoría absoluta del PP después de las pasadas elecciones, no justifica la ruptura del consenso que la Llei de Normalització Lingüística ha caracterizado la vida institucional de los últimos 25 años», apostilla el sindicato. Desde el Govern sostienen que con esta modificación de la Llei de Funció Pública de 2007, que se tendrá que tramitar en el Parlament una vez sea aprobada por el Consell de Govern, «la persona que quiera acceder a la Administración de las Islas y ocupar un puesto de trabajo sin el catalán como requisito», tendrá a su disposición diferentes cursos de formación que «le permitan aprender el idioma o mejorarlo en todos sus niveles».
El borrador del anteproyecto de ley se ha remitido, en fase de audiencia, a las consellerias, consells insulars, los sindicatos y la Federació de les Entitats Locals de les Illes Balears (FELIP). Todos estos organismos tienen un plazo de 15 días para poder hacer la sugerencias que consideren oportunas.
Reacciones
Por otra parte las organizaciones sindicales recordaron ayer que, en la anterior legislatura, se consensuó una nuevo Projecte de Llei de la Funció Pública, que fue aprobado en abril de 2010 por el Consell de Govern que presidia el socialista Francesc Antich, que previamente había sido consensuado con todas las fuerzas políticas -incluído el PP- y las organizaciones sindicales.
En el proyecto de ley de 2010 se mantenía el catalán como requisito y no como mérito, al igual que en la ley que ahora se pretende cambiar y que fue aprobada siendo Jaume Matas president del Govern.Por su parte, Convergència per les Illes ha considerado «inconstitucional» y una «clara involución» de los avances alcanzados durante los últimos 30 y, por ello, ha exigido al Ejecutivo que retire «de manera inmediata» la tramitación de esta modificación legal.
En un comunicado, el partido liderado por Josep Melià ha subrayado que esta situación «choca frontalmente» con algunos preceptos recogidos en el Estatut. En este sentido, ha recordado que su artículo 4.3 determina que las instituciones de las islas deben garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar una igualdad plena en cuanto a los derechos de los ciudadanos.
Además, en el artículo 14 recoge que los baleares tienen derecho a dirigirse a la administración autonómica en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada. De esta manera, CxI considera evidente que si no existe el deber de conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de los funcionarios y el personal laboral «es imposible garantizar» estos mandatos estatutarios.
Por otra parte, el partido ha tildado de «pura demagogia» la actitud del Govern puesto que «el verdadero bilingüismo», según esta formación, es establecer las condiciones para que se conozcan y se puedan usar estas dos lenguas sin «generar conflictos o discriminar» al idioma «débil».
Además, ha reiterado que esta medida del Ejecutivo liderado por José Ramón Bauzá supone «deshacer» buena parte del «camino hacia la normalidad» y de la equiparación de las dos lenguas realizado por la sociedad y las instituciones baleares hasta el momento, tarea que han llevado a cabo en gran parte dirigentes 'populares', añaden.