El déficit en las cuentas públicas de la Administración autonómica rebasa los 500 millones de euros, cifra sobre la que se está trabajando en el informe que elabora la Vicepresidència Econòmica, cuyo titular es Josep Ignasi Aguiló, y que no se descarta que quede ampliamente rebasada.
El departamento de Aguiló está ultimando los contactos con los responsables de las empresas públicas, sector existe más complejidad contable para determinar con exactitud la situación financiera.
En todo caso, el portavoz del Govern, Rafel Bosch, reconoció en su comparecencia de ayer que las deudas heredades del anterior equipo «es superior» a la prevista inicialmente por los actuales gestores de la Administración autonómica.
El hermetismo con el que se está abordando la situación real de las cuentas del Govern es total, toda vez que además de conocer con exactitud el déficit ya se da por seguro que será preciso recurrir a las entidades financieras para tratar de solventar esta situación. La premisa es evitar la alarma a cualquier precio.
Compromiso
En todas las comparecencias públicas, el president del Govern, José Ramón Bauzá, ha expresado su voluntad de pagar las facturas pendientes de la Administración autonómica, cuya demora es de varios años en algunos casos.
De hecho, en las últimas semanas, la sede de la Vicepresidència Econòmica era un reguero de visitas de proveedores de importantes servicios públicos que planteaban la necesidad de resolver las deudas pendientes cuanto antes.
Las auditorías
La eleboración de las auditorías internas de toda la Administración y entramado de empresas públicas dependientes del Govern ha sido una obsesión del president Bauzá, que encargó al vicepresidente Aguiló esta tarea con carácter prioritario.
Aunque no será, probablemente, hasta la próxima semana cuando se den a conocer las cifras concretas, la cifra de 500 millones (80.000 millones de las antiguas pesetas) es la cantidad que el Govern necesita para saldar sus deudas a corto plazo.
Todavía no ha trascendido cómo tiene previsto abordar el Govern el plan para financiar todo este déficit. En su propuesta programática el Govern siempre ha rechazado el incremento de la presión fiscal, circunstancia que obligará a tener que recurrir a la negociación de créditos con la entidades financieras y a llevar a término un severo plan de ajuste tanto en el número como volumen de las empresas públicas actualmente existentes.