Tres casos de aplazamiento para desahucios por impago de alquiler y ejecuciones hipotecarias en Mallorca, donde se registran centenares cada año, no han encendido aún las alarmas de los jueces, aunque se asegurarán del cumplimiento de la ley.
Pero si evitar un problema de orden público como fueron las concentraciones de 'indignados' en los portales de los inmuebles se convirtiera en un acto reiterado, los firmantes de las sentencias asegurarían su cumplimiento, «que es la base del orden jurídico» señala uno de los togados.
A los funcionarios del juzgado, al procurador del demandante y al cerrajero, se uniría un contingente policial para asegurar el resultado de la sentencia.
Escena y escenario
Las cifras del Consejo General del Poder Judicial señalan que por cada una de las reuniones de 'indignados' que aplazaron alzamientos inmobiliarios en Palma se estaban produciendo en la ciudad al menos otras dos docenas sin ningún incidente.
Integrantes del movimiento ciudadano reconocen que se ha tratado de «llamar la atención sobre situaciones injustas y sangrantes en medio de una crisis como la que padecemos», pero no niegan el carácter de «puesta en escena» de sus movilizaciones, lejos de su capacidad para influir notablemente en la ejecución del número de sentencias que se pronuncian cada día al respecto.
Hasta el momento la presencia policial en un acto de estas características en Palma se ha limitado a vigilar las concentraciones puesto que no se pidió expresamente su intervención para garantizarlas. Sin embargo en la actuación que los 'índignados' tienen prevista para hoy el juzgado competente ha convocado a la fuerza pública. Si el secretario judicial lo solicita, los integrantes de la Unidad de Intervención garantizarán que se lleve a cabo la diligencia.
«Con una sentencia se puede estar de acuerdo o no -señalaron varios magistrados a este diario-, pero el desafío a su cumplimiento nos concierne al conjunto de la sociedad y sería una situación crítica consentirlo».