El peor criminal posible merece un juicio. El abogado Daniel Fiol ha registrado ante el Tribunal Penal Internacional una denuncia contra Barack Hussein Obama por la muerte de Osama Bin Laden con este principio. El letrado señala en su escrito que el presidente de EE.UU. vulneró los Convenios de Ginebra al ordenar la muerte del líder de Al Qaeda en una operación en la que se invadía el territorio de otro país y se disparaba contra personas desarmadas.
Fiol explica en el escrito que la operación que terminó con la muerte del líder terrorista impidió «rendir a las víctimas de unas atentados terribles y deleznables el más alto homenaje que una sociedad democrática debe dar: la persecución, detención, enjuiciamiento y condena de los responsables mediante procedimientos justos». Precisamente ése es el móvil del abogado a la hora de elevar la denuncia: reivindicar la legalidad y los procedimientos democráticos. Daniel Fiol explica que la decisión de denunciar busca «hacer reflexionar» sobre lo ocurrido, que califica como un crimen contra la humanidad. Señala que la propia Casa Blanca reveló que el presidente ordenó que se diera muerte a Bin Laden cuando puso sólamente quedar detenido, lo que contraviene la Convención de Ginebra, firmada por Estados Unidos que regula que un prisionero de guerra no puede ser asesinado.
Prisionero de guerra
En la denuncia se recuerda que el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce que los detenidos de Al Qaeda como prisioneros de guerra sujetos al Convenio de Ginebra. El hecho se agrava porque en la 'operación Gerónimo' se invadió el territorio de otro país -Pakistán- sin pedir permiso a su gobierno.
Esa orden de Obama determina una responsabilidad personal para él ya que EE.UU. es uno de los países que no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional.
La denuncia fue estudiada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados que rechazó presentarla. La opción de acudir al Tribunal Penal Internacional no fue la única barajada por Fiol. Otra alternativa era acudir a países que reconocen la jurisdicción universal para delitos contra los derechos humanos. España suprimió de su legislación esta opción hace unos años después de procesos como el de Pinochet. La opción de presentar una denuncia en cada país podría haber desembocado en episodios como el vivido hace unas semanas por el presidente de Israel, Simón Peres, que tuvo que suspender una visita a Suiza al estar denunciado allí. Fiol optó por el Tribunal Penal Internacional como una vía más sencilla. «No me paga Al Qaeda», bromea.