El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha solicitado 50 años de prisión por el desvío millonario de fondos públicos en el Consorci de Turisme Jove (CTJ) en el Govern de Jaume Matas, una causa sobre supuestas irregularidades en torno a ese organismo público que quedó «en situación de quiebra técnica por culpa de las prácticas ilegales», según el escrito de acusación.
Los principales acusados son el exdirector general de Joventud Juan Francisco Gálvez, el exgerente Damià Amengual y el exjefe de Servicios y Mantenimiento del CVT Juan Francisco Gosálbez, a quienés el Ministerio Fiscal pide 12, 10,5 y 4,5 años de cárcel, respectivamente.
También se sentarán en el banquillo María Auxiliadora Pérez, compañera sentimental de Gosálbez; Antonio Dolç y Bartolomé Gayá, administrador y socioen la mercantil Náutica Aventura; Manuel Carmelo Saez, socio y administrador de Saez-Urio; Jesús García Oeo, de Interjes Paguera; André José Villena, representante de tres mercantiles francesas; Marcos Pérez, constructor autónomo; Miguel Rigo, de la mercantil Imprenta Bahía y Pau Pujante, rotulista autónomo. El Ministerio Público imputa siete delitos en total: continuado de malversación de caudales públicos, continuado de cohecho, continuado de prevaricación, fraude a la administración publica, continuado de falsedad documental, fasedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Fondos públicos
Según el fiscal, de 2005 a 2007 los principales acusados «idearon, planificaron y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de permitir que importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos (...) fueran utilizadas en provecho o beneficio privado o quedaran en su patrimonio».
El escrito señala, asimismo, que de no haberse detectado las irregularidades, los acusados habrían ocasionado al consorcio una perjuicio superior a un millón de euros. La causa por un supuesto desvío de dinero y cobro de sobornos, será enjuiciada próximamente en la Audiencia de Palma.