Cuando un edificio forma parte de una manzana los deseos de su conservación, sin más, como patrimonio cultural, pueden colisionar con algo tan obvio como el perjuicio que su mal estado puede ocasionar a los colindantes. Es el caso del inmueble 31 de la Avenida Argentina, con problemas estructurales graves para sus vecinos de Aníbal 4, que quieren «solución física antes que filosófica».
El edificio ahora objeto de controversia fue adquirido hace años con miras bien a su derribo y nueva edificación, bien a unas condiciones legales de rehabilitación que igualmente propiciaran beneficio económico.
Peligro
A día de hoy los esfuerzos de entidades conservacionistas de centros históricos, como ARCA en Palma, mantienen al edificio en indefinición administrativa porque ni el Consell ni Cort han decidido si hay que mantenerlo en pie ni si alguna de las instituciones lo incluye en su catálogo de estructuras «intocables».
Mientras tanto, Alfonso Moll, propietario mayoritario de la finca de la calle Aníbal que comparte pared medianera, siente «que los verdaderos perjudicados por la situación somos quienes tenemos problemas estructurales con el edificio problemático, porque somos tan partidarios de conservar la cultura y la belleza como el que más. pero también queremos que nos arreglen las filtraciones de agua y las grietas de las paredes, que pueden acabar causando una desgracia».
Así, Moll entró en contacto con la nueva propiedad del edificio de la Avenida Argentina -en 2009- y más tarde con el Ajuntament de Palma para que las deficiencias fuesen subsanadas, «y no hemos conseguido algo tan elemental porque el primero no quiere saber nada hasta que le aclaren qué podrá hacer o no con el inmueble, y Cort se ha hecho un lío incomprensible entre lo que procede con un lugar técnicamenete en ruina y la protección de su fachada».
A momento presente la demolición del edificio problemático está paralizada por una orden del Consell de Mallorca que caduca el próximo 10 de agosto. Si entonces el Ajuntament no ha acordado declararlo Bien Catalogado y ha fijado unas condiciones específicas para conservar sus elementos exteriores, la propiedad podrá actuar.
«Pero el tiempo está corriendo en contra de quienes vivimos en los edificios colindantes -señala Alfonso Moll-, porque las grietas producidas en nuestra pared compartida cuando alguien enclavó unos balcones ilegales pueden producir desgracias personales en cualquier momento».