El Movimiento 15-M consiguió ayer su segunda victoria al frenar otro desahucio en Palma. Si hace unos quince días evitaron que el Ibavi expulsara de una casa de la calle Flassaders a una madre y su hija menor, la causa social de ayer fue más escandalosa. Los afectados eran una mujer mayor de 83 años y su hijo de 30, Rafael García Alcántara, que tiene un 70% de discapacidad. Madre e hijo que viven en la calle Ausiàs March número 14, presuntamente habrían sido estafados por el abogado Juan Villalonga que actualmente está en busca y captura por la policía por un delito de levantamiento de bienes en Inca. Según explicó el responsable de la comisión de desahucios del 15-M, Daniel Hinojosa, el abogado gestionaba la hipoteca de los dos afectados y se apropió del dinero que le dio esta familia para que se hiciera cargo. Como consecuencia, el banco reclamaba a la anciana el pago de las cuatro letras que tenía pendientes de pagar e inició el expediente de desahucio. Ayer la Policía nacional acompañaba hacia el domicilio al procurador de la parte demandante para hacer efectivo el desalojamiento, previsto para las 11 de la mañana.
Durante más de una hora, cerca de setenta 'indignados' intentaron entrar en el interior del bloque para tener acceso al domicilio pero cinco agentes de la Policía Nacional les cerraron el paso, mientras el procurador de la parte contraria y un cerrajero intentaban acceder al interior del piso de la anciana.
Euforia
Los 'indignados' recriminaban que aquel desahucio era «ilegal». Los dos afectados se encontraban ausentes del domicilio y ni el procurador ni el cerrajero tenían ningún tipo de orden para irrumpir en su piso. Precisamente ayer, según explicó Hinojosa, el hijo tenía que ser ingresado en Son Espases por una intervención neuroquirúrgica en la espalda.
Finalmente, la policía dejó subir el portavoz de los manifestantes para reunirse con el procurador. Media hora después, resonaban por toda la calle los gritos de euforia y los aplausos: «¡Hoy no se desahucia nadie! ¡hoy no se desahucia nadie!» , salió diciendo Hinojosa. A las 12 horas, la secretaria judicial decidió aplazar el desalojamiento a la espera de que se resuelvan primero los dos pleitos que interpuso la anciana contra su abogado por estafa.