Fue el pasado 11 de abril, durante una reunión que el presidente del Partido Popular, José Ramón Bauzá, convocó en Son Termens con los integrantes de la lista al Parlament por la circunscipción de Mallorca, la que él encabezaba. En aquel encuentro, el líder de los conservadores expuso las condiciones que imponía para figurar en la candidatura, entre ellas una que, según ha trascendido, no todos aceptaron: su renuncia al escaño en el caso de que sean nombrados consellers, directores generales o asesores.
El hermetismo que se mantiene entre la dirección del Partido Popular en relación con la exigencia de Bauzá es casi total, de hecho lo único que ha trascendido sobre la aceptación de los candidatos a la petición de Bauzá es que, «prácticamente todos» firmaron la renuncia como condición previa a su eventual acceso a un escaño en el Parlament. El mutismo sobre qué integrantes de la candidatura del PP no quisieron firmar el documento también es total. Diversas fuentes consultadas se han negado a detallar el número de candidatos que no quisieron cumplir las premisas de Bauzá ni, evidentemente, sus nombres. En todo caso queda claro que hubo un grupo de integrantes de la lista que acompaña al presidente regional del PP en el Parlament que no firmó, circunstancia que pone a Bauzá en la tesitura de vetar a cualquier cargo a los diputados que no firmaron el documento o, por el contrario, asumir el coste interno que supondrá la discriminación en el caso de que permita que un conseller mantenga su condición de diputado.
Cuota mensual
Además de la firma de la renuncia, en el mismo encuentro, los candidatos del Partido Popular también se comprometieron a formalizar su cuota de aportación a la financiación del partido.
Todos los diputados se comprometieron a aportar un 3 por ciento de sus ingresos derivados de su presencia en el Parlament, cuota que se ha incrementado, según diversos comentarios, respecto a la cuota que aplicaba el PP durante la pasada legislatura.
Cabe señalar que a los diputados del PP Bauzá no les ha exigido la firma del código ético que presentó al inicio de la campaña electoral, una retahíla de condiciones que sólo afectan a los militantes que ocupen cargos ejecutivos en la Administración autonómica durante los próximos cuatro años.