El juicio previsto contra la ex dirigente histórica de UM, Maria Antònia Munar, el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido, no tendrá lugar como mínimo hasta el próximo año. Y ello debido a que la Audiencia Provincial ha fijado para el 14 de diciembre una vista para revisar los recursos interpuestos contra el auto que puso fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Maquillaje, lo que provocará la ralentización del proceso.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han explicado que será la Sección Primera la que deliberará sobre los recursos de apelación presentados contra la resolución que daba paso a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación por estos hechos, y en el que solicita seis años de prisión tanto para Munar como para Nadal. Y es que el Ministerio Público postula que el destino final del plan que urdieron era beneficiar con fondos públicos a sociedades controladas por ellos mismos con la mediación de sus supuestos testaferros.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo la Audiencia también celebró una vista para revisar los recursos interpuestos por ambos imputados contra la apertura de esta misma pieza al considerar que les fue notificada de forma tardía y esto les habría causado indefensión. Sin embargo, la Sección Segunda desestimó las apelaciones al considerar que los recurrientes tuvieron conocimiento de la existencia del auto impugnado «mucho antes de que les fuera formalmente notificado».
De hecho, el tribunal consideraba en su auto que la formación de la nueva pieza acelera el procedimiento y posibilita su inmediato enjuiciamiento-, lo que «tratan de evitar ahora las defensas» sosteniendo que la «apresurada tramitación de esta última pieza incoada y los problemas de notificación les generan indefensión». Es por ello que atribuía a las defensas un «afán» por aferrarse a un defecto de notificación «claramente subsanable» para después plantear una nulidad de actuaciones que invalide todo lo actuado.
Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que a nivel global investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM. Una vez finalizada su instrucción, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de calificación contra un total de diez acusados.
En este contexto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal, defendido por José Zaforteza, se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U intervinieron de forma «arbitraria e ilegal» a fin de otorgarle fondos públicos «sin justificación ni motivo alguno». Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.
En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.
Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se otorgaron «es porque se podían dar», ya que «otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar». Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.
Cabe destacar que ésta no es la única causa en la que la ex dirigente 'uemita' está siendo investigada. Contra ella la Fiscalía también solicita seis años de cárcel dentro del caso Can Domenge, que indaga la venta del solar de Can Domenge por la mitad de su valor en el mercado, mientras que también se encuentra imputada en el caso Voltor, que trata de averiguar si durante la legislatura recién finalizada se desviaron fondos desde el Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.