Los cuatro juzgados de lo Social de Palma acumulan más de 5.000 asuntos relacionados con despidos e invalidez sin resolver debido a una «desmesurada» sobrecarga de trabajo que están soportando, según confirmó ayer el juez decano, Francisco Martínez.
Los pleitos pendientes al finalizar 2010 ascendían a 6.244, frente a los 5.079 de 2009.
Esa situación, generada a pesar del «significativo aumento del esfuerzo resolutorio (por parte de los jueces)», según remarcó el juez Martínez, «marcan una tónica de evolución desfavorable y preocupante en cuanto a la pendencia».
Este aumento se ha debido en gran parte a la subida de los asuntos que han ingresado en los cuatro juzgados de lo Social, ya que mientras en 2008 se registraron 4.993, en 2009 fueron 5.748 (un 15 % más) y en 2010, 5.908 (un 2,7 % más).
Asuntos
De esta manera, si en 2008 acabaron el año con 3.350 asuntos pendientes, en 2009 este número aumentó hasta los 4.269 y en 2010 hasta los 5.098.
En cuanto a los primeros cinco meses de 2011, ingresaron en estos juzgados 3.072 asuntos, un 15 % más de los 2.656 contabilizados hasta mayo de 2010.
Según explicó el juez decano en una rueda de prensa celebrada en la sede judicial de Sa Gerrería, , esta situación provoca que todos los juzgados de lo social tengan mas de mil asuntos pendientes y que el señalamiento de juicios de despidos, por ejemplo, se retrase unos seis meses. Por ello, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) tiene que asumir elevados gastos de demora a partir de los dos meses en que no se resuelve.
Ante esta «preocupante» situación, Espinosa ha defendido la «creación urgentísima» de tres juzgados de los social, una reclamación que ya se hizo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, según afirmó, se volverá a realizar a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
«No sé si se nos hará caso esta vez o no, pero los jueces de lo social lo único que pueden hacer es seguir trabajando al ritmo que lo están haciendo ahora», dijo Francisco Martínez, a lo que ha añadido que todos estos magistrados se ven, sin embargo, «en la obligación moral de denunciar ante la sociedad esta situación».