La acusación particular en el proceso que investiga si el ex propietario de la Policlínica Miramar, Cristóbal Pizá, se apropió -junto a su socio Miquel Dalmau, ya fallecido- de al menos 708.000 euros de los ingresos del centro, solicita para el acusado cinco años de prisión por un delito de apropiación indebida y reclama asimismo una indemnización de 1,4 millones de euros para el denunciante de los hechos, el doctor Pablo Ramis.
En el escrito de calificación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular, ejercida por el letrado Fernando Mateas en representación de Ramis, postula que tanto Pizá como Dalmau se pusieron de común acuerdo para apropiarse de estos fondos, procedentes de los ingresos médicos prestados por el departamento de medicina interna que dirigía Ramis.
Unas partidas que, tal y como recuerda el escrito, eran gestionadas por la Asociación Médico Balear (Ameba), de la que depende la Policlínica Miramar y de la que Pizá y Dalmau eran presidente y consejero, respectivamente. Una vez cobradas, prosigue, debían ser ingresadas en las cuentas del servicio de medicina interna aunque, en lugar de ello, fueron a parar al patrimonio de Ameba siguiendo «expresas instrucciones» de los dos imputados.
La acusación sostiene que, como consecuencia de «ciertas divergencias» surgidas en la gestión de la Policlínica, ambos decidieron desde septiembre de 2005 no ingresar en las cuentas las cantidades recibidas, sobre una facturación total de 1.480.400 euros, teniendo «contrastado y así reconocido cuando menos una apropiación de 708.009 euros».
Según asevera el escrito, este comportamiento «puso en serias dificultades no sólo la continuidad del servicio» sino también «la subsistencia de muchas familias que dependen económicamente del mismo», debiendo acudir a financiación externa y suscribiendo distintas pólizas de crédito «a fin de poder seguir atendiendo las nóminas y gastos generados por la prestación del servicio».
Tres años por alzamiento de bienes
Cabe recordar que, en el marco de otra causa, la acusación particular ejercida por el actual máximo accionista de la Policlínica, Francisco Miralles, solicita tres años de cárcel para Pizá por un presunto delito de alzamiento de bienes en que habría incurrido en 2010 al deshacerse de dos inmuebles de su propiedad presuntamente para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba a Miralles.
En este caso, que estuvo en manos del Juzgado de Instrucción número 12, Pizá se escuda en que vendió ambas propiedades porque le urgía saldar deudas con la Banca March, y niega de este modo haber ocultado sus bienes con el ánimo de eludir los pagos a Miralles. Después de que éste interpusiera una demanda por estos hechos, el acusado procedió a vender un inmueble de Logroño por 121.260 euros a su mujer, Antònia Morro, y otro de Calvià por 87.545 a su suegra.