Los 'indignados' acampados en la Plaça d'Espany de Palma han desmentido que en la asamblea de la pasada noche se aprobara un manifiesto con cuatro puntos clave, ya que, según han recordado, de momento, sólo se ha acordado por una amplia mayoría redactar un manifiesto que recoja un consenso de 'mínimos'.
Así, en la asamblea que se celebrará a las 20.00 horas, los portavoces informarán a los asistentes que ha habido un error en la página web de la acampada (www.acampadapalma.wordpress.com) en la que se ha publicado que el manifiesto de 'mínimos' debe «englobar como mínimo cuatro ideas clave: la reforma de la Ley Electoral; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Referéndum sobre el rescate a la banca y reforma de la Ley de financiación de partidos y de la Ley de la Función Pública».
Así lo han informado a Europa Press un portavoz de la acampada, quien ha recalcado que en ningún momento se ha votado la inclusión de estos cuatro puntos en el manifiesto, dado que aún se tienen que debatir las propuestas que formarán parte del texto, de cara a que sean votadas en una futura asamblea.
Concretamente, tras un intenso debate, en la asamblea de este lunes se votó únicamente si se quería un manifiesto de líneas generales; una batería de propuestas o un convenio de mínimos, de forma que las dos primeras apenas lograron el apoyo de unos pocos asistentes a la asamblea, mientras que la tercera fue respaldada por la gran mayoría.
Sin embargo, el citado portavoz ha insistido en que el contenido del texto de mínimos «aún no está definido», dado que se debe respetar el trabajo de la Comisión de Contenidos y «darnos tiempo para reflexionar lo que queremos».
Por tanto, ha aseverado que es falso que ya se haya acordado incluir cuatro ideas clave en el manifiesto, tal como publicaba por error la página web de la acampada. Por otro lado, ha esperado que el resto de acampadas de otras ciudades de España también apuesten por aprobar un texto de mínimos.
Cuatro puntos clave
Los cuatro puntos que publicaba por error la página web consistían, en primer lugar, en la reforma de la Ley Electoral para que «cada voto de cada ciudadano cuente igual, sin importar dónde viva y a quién vote y con un sistema de listas abiertas para el Congreso de los Diputados».
En segundo lugar, contemplaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la administración a hacer públicos todos sus documentos, que permita a cualquier ciudadano acceder a los contratos, las adjudicaciones, los datos y las cuentas de cualquier institución pública.
En tercer lugar, se pedía un referéndum sobre el rescate a la banca, de modo que los ciudadanos puedan votar si quieren o no quieren que el dinero de sus impuestos se destine a rescatar a las entidades financieras insolventes.
En cuatro y último lugar, reclamaba una reforma de la ley de financiación de partidos y de la ley de la función pública, con el fin de «cambiar los sistemas de control de estas organizaciones haciendo completamente transparentes los ingresos y los gastos de los partidos y permitiendo su fiscalización a través de organismos completamente independientes de su estructura».
Así, estas reformas también persiguen que «los políticos que accedan a la función pública presenten anualmente una declaración de ingresos y patrimonio y que sea incompatible cobrar varios sueldos públicos, incluyéndose en esta definición de sueldo público los sueldos que pagan los propios partidos a sus dirigentes».