El fiscal pide 21 años de cárcel para el exconseller Cardona

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 21 años de cárcel para el ex conseller de Comerç, Indústria i Energia Josep Juan Cardona por «enriquecerse con 7 millones de euros», en un «saqueo sistemático de las arcas públicas» como consecuencia de su participación en la 'trama del CDEIB' en la pasada legislatura, según el escrito de acusación presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción 4de Palma, Piedad Marín.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach también han pedido 20 años de prisión para el ex director general de Promoció Industrial Kurt Viaene, y otros 7 años para la ex gerente del Centre per el Desenvolupament Econòmic de Balears (CDEIB), Antònia Ordinas.
En total, el Ministerio Público acusa a 18 personas y pide para ellos diferentes penas: Isabel Roselló, Antonio Vicens, Carlos Guindós, Crescencia Molina, Joan Rosselló, Joan Company, Antonio Munar, Daniela F. Beaumont, Jaime Julio Fernández Abad, Jaume Gil, Juan Enrique Riera, Pedro Veny, Arnoldus Van den Hurk, Manuel Carmelo Sáez, S.J.P, Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino político del ex presidente Jaume Matas, y también, José Manuel Alcaraz Escandell.
Delitos
Los delitos incluidos en la escrito de acusación son malversación de caudales, asociación ilícita, cohecho, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad. La pena reducida de 7 años para Ordinas es consecuencia de varios atenuantes, como la confesión y la reparación parcial del daño causado, ya que devolvió 240.000 euros hallados en una caja de Cola-Cao enterrada en el jardín de su casa, según las fuentes consultadas por este diario.
La trama
La presunta trama orquestada en torno al CDEIB habría enriquecido con 3,7 millones de euros a los imputados, que además, ocasionaron un sobrecoste para ese organismo público de otros 3,3 millones, según los fiscales.
El escrito destaca el papel desempeñado por Cardona, quién «ocupaba la posición de líder o jefe-director de un grupo delictivo, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados, y dada su posición como conseller, cuidando de nutrir económicamente al CDEIB, mediante el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Conselleria de Comercio o bien desde el IDI (Instituto de Innovación Empresarial)», según el Ministerio Público.
Además, (los imputados) «utilizaron todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio que desarrollaron durante cuatro años pasara desapercibido». El 'caso Scala' está siendo instruido en el Juzgado 4 de Palma, tras un breve paso por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dada la condición de aforado del diputado autonómico del PP Josep Juan Cardona, que perdió al renunciar a su escaño en junio de 2010.