Las defensas de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, del vicepresidente insular Miquel Nadal, y de la ex directora de Comunicación Margarita Sotomayor, han pedido ante la Audiencia Provincial la nulidad del auto por el que se abrió la pieza del caso Maquillaje relativa al presunto desvío de 240.000 euros públicos a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.
Durante la vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia para revisar los recursos de apelación interpuestos contra la incoación de este fleco, los letrados Gabriel Garcías, José Zaforteza y María Pomar, en representación respectivamente de los anteriores imputados, han alegado indefensión al aseverar que la resolución dictada por el juez para abrir la pieza les fue notificada de forma tardía.
Sin embargo, el fiscal anticorrupción Juan Carrau se ha opuesto a las tesis expuestas por los abogados y ha aseverado que en ningún caso se produjo indefensión ya que los letrados ya conocían que se estaban investigando estos hechos a pesar de que formalmente se les comunicó más tarde. Así lo ha explicado Garcías al término de la vista, quien ha señalado que en caso de que finalmente el tribunal estime los recursos, las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento tendrían que ser anuladas.
Las defensas han decidido recurrir ante la Audiencia después de que el juez instructor de la causa, Juan Ignacio Lope Sola, ya desestimase en primera instancia la petición de nulidad de las actuaciones. Una pieza que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 abrió en el marco del complejo caso Maquillaje, cuyas investigaciones se centran en averiguar si se produjo un desvío de fondos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM.
Una vez finalizada la instrucción de esta pieza, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de acusación, en el que solicitan seis años de prisión tanto para Munar como para Nadal, al postular que el destino final del plan urdido era beneficiar a sociedades presuntamente controladas por ellos con la mediación de sus supuestos testaferros.
Así, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar y Nadal se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U. intervinieron de forma «arbitraria e ilegal» a fin de otorgarle fondos públicos «sin justificación ni motivo alguno». Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.
DIEZ ACUSADOS EN ESTA PIEZA
En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar, Nadal y Sotomayor, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, y los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde.
Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez que si las subvenciones del programa se concedieron «es porque se podían dar», ya que «otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar». Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.