La Federación Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas (Fepae) ha presentado un contencioso administrativo con procedimiento especial y urgente contra el Ajuntament de Palma por «violación de derechos fundamentales» de los vecinos y residentes de los barrios de Sa Gerreria, Sa Calatrava, Banc de s'Oli y alrededores por los «elevados» niveles de ruido que se alcanzan en estas zonas, sobre todo, durante la celebración de la Ruta Martiana.
En un comunicado, la Fepae ha informado de que este procedimiento se presenta ante la «total inactividad» del Consistorio de Palma por hacer cumplir la normativa municipal, concretamente, las Ordenanzas relativas a protección del Medio Ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones; la Ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de Balears.
Así, ha indicado que ha decidido interponer el citado contencioso a raíz de la elaboración de distintos informes sonométricos de la Policía Local, que «confirman los elevados niveles de ruidos y molestias a los vecinos», así como por la situación de «dejadez y abandono en la que se hallan por parte de la Administración municipal en este asunto».
«Abandono y desamparo» de los vecinos
Con este procedimiento, ha detallado que no sólo se requiere al Ajuntament el cumplimiento «estricto» de las normativas y ordenanzas, sino que va acompañado de la solicitud de unas medidas cautelares de moratoria de licencias en la zona hasta que «se compruebe verazmente que los niveles de ruido y molestias cesan».
En este sentido, ha recalcado que la razón de ser del mismo es «intentar proteger a los vecinos de la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales básicos, tales como el derecho a la integridad física y moral; a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio».
Además, la Fepae ha añadido que dado el «abandono y desamparo» en que se encuentran los vecinos y residentes de estos barrios por parte del Consistorio palmesano, se hace «imprescindible asegurar su protección ante esta situación, tal y como refleja la Recomendación del Defensor del Ciudadano, alto comisionado del propio Ayuntamiento y por el volumen de denuncias aportadas al recurso».
Por otro lado, ha resaltado que ha adoptado esta iniciativa, después de que la Federación haya optado por utilizar todas las acciones e instrumentos legales a su alcance, a fin de dar cobertura a los vecinos que decidan particularmente emprender medidas legales para solucionar «la incidencia que el ruido tiene sobre la integridad de los derechos fundamentales».
La Fepae ha recordado la «sensibilidad» del legislador ante este tipo de situaciones, especialmente desde la promulgación de la Ley del Ruido, de 2003, así como de la jurisprudencia.
Finalmente, ha mostrado su «enorme preocupación por la apatía y desidia mostrada por el Consistorio de Palma a la hora de velar por los derechos de los ciudadanos de estas zonas y por el hecho de que cada vez que se condena a un Ayuntamiento por esta falta de interés por solucionar esta grave problemática, lo pagamos todos».