El expropietario del Grupo Marsans Gonzalo Pascual negó ayer ante el juez del 'caso Puertos' haber pagado comisiones por la concesión del concurso para la explotación de amarres en Maò, y subrayó que en cincuenta años como empresario «no lo ha hecho nunca» y tampoco «lo ha consentido».
«Eso es un disparate, yo jamás haría algo parecido», precisó. Pascual, propietario al 50% del conglomerado Trapsayates, se desmarcó del presunto amaño para favorecer que su empresa resultase adjudicataria, si bien tenía constancia de las «presiones» que se estaban produciendo desde el entorno de otra de las mercantiles licitantes, el Club Marítimo de Mahón, «con el objetivo claro de alterar el resultado del concurso y, por supuesto, en detrimento de Trapsa». «Si esa concesión se hubiese dado al Club Marítimo de Mahón habría sido una injusticia», afirmó. Pascual, asimismo, descargó toda la responsabilidad en Juan Manuel Domínguez, exconsejero de Trapsa, ya que «tenía autonomía para actuar al cien pr cien», resumió.
Delitos
El expropietario del Grupo Marsans está imputado en la causa por los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración, contra la Hacienda Pública y coacciones. Ayer también declaró el hijo de Pascual, Gonzalo-Pastor, quien también se desvinculó del concurso y dijo que él asistía a las reuniones «para aprender».