Tras tres intensos meses de instrucción, el Juzgado número dos de Ciutadella levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el caso Citur y duplicó el número de imputados en el presunto amaño de concursos públicos desde el área de Turisme del Ajuntament que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos responsables figura ya la actual diputada autonómica, concejal y secretaria general del PP menorquín, Antònia Gener Bosch, a quien la juez instructora, Raquel Martínez, ha citado a declarar el próximo jueves 5 de mayo.
La imputación de Gener, que se añade a la ya conocida de sus excompañeros de gobierno Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas, Gabriel Cardona y Antònia Salord, era un secreto a voces en el entorno de la investigación desde que, el pasado 29 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción registró las dependencias municipales. Curiosamente, Gener renunció hace diez días a concurrir como número dos de la candidatura del PP al Consell insular alegando «motivos personales».
Además de Gener, la juez Martínez también imputa presuntos ilícitos penales a seis funcionarios, a los que ha citado a declarar en una doble sesión de comparecencias los días 5 y 6 de mayo. Se trata -tal como ya había adelantado Ultima Hora Menorca-del secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas; la secretaria accidental, Ester Allés Coll; el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca; el director del área de Medi Ambient, Xavier Cardona Capella; la coordinadora de Turisme, Soledad Navarro Mercader; y la funcionaria Teresa Bagur Capó.
Asimismo, la juez instructora ha imputado a la exarquitecto municipal María Antonia Castro, contratada como cargo de confianza por el anterior gobierno del PP y que fue cesada fulminantemente de sus funciones con la llegada a la alcaldía de la socialista Pilar Carbonero. Se da la circunstancia de que Castro ya está imputada por el 'caso de las ratas' y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
El empresario menorquín Manel Mercadal, detenido en primera instancia por la Policía Judicial, el empresario y exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier Liy, el ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans y los técnicos externos José Manuel Urós Gallego, Miguel Àngel Mayol Amengual y Gisela Loran Benavent (Taller d'Enginyeria Ambiental) han sido igualmente imputados en la causa. Estos tres últimos y el funcionario Xavier Cardona deberán testificar mediante exhorto, al igual que la actual gerente del PDPT de Ciutadella, Lisa Valcepina; y el empresario Antonio Jorge Peña, que lo harán en calidad de testigos.
También han sido citados el 6 de mayo a declarar como testigos, el concejal de UPCM, Joan Triay, quien interpuso la querella que ha dado lugar a la investigación judicial; y el informático del Ajuntament de Ciutadella, Jordi Anglada, quien colaboró activamente con los fiscales Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán durante las largas sesiones de intenso registro al consistorio.