El Gobierno analizará el Plan de Acción Integral de la reforma de Playa de Palma de cara a valorar qué elementos aporta el modelo de gestión efectuado bajo la figura del Consorcio para aportar soluciones a problemas socioeconómicos, de cara a explorar su posible aplicación a otros ámbitos sectoriales en los que concurren niveles de competencias de diferentes administraciones.
Así aparece recogido este viernes en una disposición del Ministerio de Política Territorial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para detallar el estudio que realizará la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sobre el citado Plan de Acción, una actuación que ha sido conveniada con el Govern balear.
Según detalla el Ejecutivo, esta iniciativa pretende resolver el declive de la zona tanto desde el punto de vista turístico como socioeconómico y para ello comprende iniciativas en distintos planos de la política pública, como puede ser medio ambiente, regeneración de espacios urbanos, eficiencia energética, renovación del sector turístico o políticas de empleo, especialmente formación y capacitación profesional dentro de este sector.
«Este proyecto de reforma se sustenta sobre una Ley que, por primera vez en España, concentra en un organismo público el poder de decisión y ejecución de toda la normativa urbanística, turística y medioambiental para agilizar la tramitación del proceso de cambio urbano», remarca el Ministerio.
Por ello, dicho análisis se centrará en el diseño de dicho plan y valorará el modelo de gestión que se realiza bajo la figura del Consorcio, junto a la evaluación sobre la posible aplicación de este sistema «a otros ámbitos sectoriales de actuación pública en los que concurren competencias de los distintos niveles de la administración».
INFORMES SOBRE DUPLICIDADES
Por otro lado, el Gobierno elaborará a lo largo de 2011 un informe para detectar posibles duplicidades, solapamientos y deficiencias en las administraciones públicas, y evaluará el funcionamiento de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigidas a pymes y autónomos.
El organismo encargado de llevar a cabo estas actuaciones será la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, creada en 2006, para hacer un balance anual de las políticas y programas públicos para potenciar la eficiencia de la intervención pública.
Así, por mandato del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, el Ejecutivo estudiará el funcionamiento del Estado Autonómico y elaborará propuestas de mejora.