La Conselleria de Comerç, Industria i Energia está elaborando un decreto para regular el precio del agua y evitar que las empresas privadas la vendan por un valor desmesurado a los ayuntamientos. El presidente de la comisión de Precios, Pere Trías, explica que los precios abusivos se producen principalmente en la captación del agua, ya que el coste de la distribución es fácil cuantificarlo. En el caso de la captación, los problemas surgen cuando la realiza una empresa privada y la vende al ayuntamiento, ya que no hay un precio de mercado que lo regule.
Por ello, cuando entre en vigor el decreto el margen de beneficio no podrá superar el 6%, mientras que actualmente puede llegar hasta el 15%. Además, cuando el metro cúbico de agua que las empresas venden a los ayuntamientos supere los 0,23 euros, se tendrá que presentar un informe que justifique el coste de captación es más elevado. Por citar algunos ejemplos, podría justificarse en algunos pozos que se encuentran en la Serra de Tramuntana, cuya extracción es más compleja.
Denuncia
Trías señala que el citado decreto, que podría estar aprobado antes de las elecciones, es fruto de la denuncia de las Asociación de Hoteleros de Alcúdia, ya que el juez aceptó la alegación que señalaba que el precio de compra del agua por parte del ayuntamiento no estaba justificado. Así, una empresa vendía el agua a otra empresa, que la vendía al ayuntamiento de Alcúdia a 0,40 euros el metro cúbico. Sin embargo, la Conselleria de Comerç ha elaborado un estudio que señala que el metro cúbico de agua que se venda a más de 0,23 euros tiene que estar justificado. Trías destaca que desde finales de 2010 ya se está aplicando esta medida, que se incorporará al decreto.
El presidente de la comisión de Precios y director general de Comerç se reunirá esta semana con los con los ayuntamientos de las Islas para que presenten alegaciones al borrador de decreto que han elaborado.
Trías puntualizó que no es una actuación contra las empresas que venden agua, ya que el decreto también prevé una simplificación de la autorización de tarifas. Así, aquellas empresas que consideren que el precio al que venden el agua les perjudica podrán proponer una subida y si en 30 días la Conselleria no se ha pronunciado la subida quedará aprobada automáticamente.
En principio, la entrada en vigor del citado decreto provocará una bajada del precio que pagan los consumidores por el agua. No obstante, Trías es muy cauto y señala que la tendencia es a subir, ya que los municipios que tienen que comprar el agua a la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abacua) la pagan más cara, ya que su coste es mayor al provenir de desaladoras, sa Costera o s'Extremera y tener que rentabilizar la inversión pública.
La consellera de Comerç, Xisca Vives, subraya la importancia de regular el precio del agua para que no se cometan abusos, que repercutan en la economía de los ciudadanos. Por ello, por primera vez el Govern regulará mediante un decreto el precio al que los ayuntamientos compran el agua a las empresas privadas.