Pedro Carmelo Hernández, ex apoderado de una empresa propiedad del grupo de Gonzalo Díaz Ferrán, Trapsayates, ha negado ante el juez instructor del caso Mar Blau haber redactado las cláusulas de un contrato por el que el Club Marítimo de Maó debía ceder de forma presuntamente irregular a su empresa, Teinver, 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros a cambio de que ésta se retirase de un concurso. Según ha apuntado, firmó el documento en octubre de 2005 pero ha precisado que se lo entregaron ya negociado.
«No tenía relación con Trapsayates y ni siquiera sé qué es un amarre», ha llegado a manifestar el empresario durante su declaración como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha negado de forma contundente que el contrato buscara ocultar un pacto entre el Club Marítimo y Trapsa para que ésta se retirase de un concurso convocado por la Autoridad Protuaria de Baleares (APB) para la explotación de amarres a cambio de los anteriores beneficios.
«Por su puesto que no», ha aseverado el empresario, quien ha negado tener conocimiento de que por parte del Club Marítimo hubiese algún tipo de oferta dineraria o de otras prestaciones a cambio de que Trapsa renunciase a la convocatoria. Ello pese a que, según las investigaciones, según las investigaciones, mediante este contrato se alcanzaba un acuerdo con el Club Marítimo para que éste, pese a haber quedado segundo en el concurso, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación.
Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato.
En contra de estas pesquisas, el imputado, que ha defendido la utilidad del contrato para Teinver, ha aseverado que por recibir los amarres y los 13.500 euros, su sociedad se comprometía a prestar asesoramiento jurídico y fiscal en caso de que el Club Marítimo resultase ganador. Respecto a su actuación, ha incidido en que, pese a leerlo y estampar su firma en él, no valoró el contenido del contrato. Hernández, asistido por el letrado Angel Francisco Sutil, ha apuntado al el entonces consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez, como la persona que le entregó el documento ya redactado para su firma.
Desvincula a Díaz Ferrán del proceso
El encausado ha desvinculado asimismo de los hechos al propietario de Trapsa y ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, imputado en este proceso, al considerar «imposible que tuviera reuniones con directivos de la APB», ya que «no tenía tiempo de eso y nunca se ocupó de la gestión de Trapsayates». Precisamente, Díaz Ferrán ha sido citado a declarar por estos hechos el próximo día 28.
Tal y como consta en uno de los oficios incluidos en el sumario del caso, fue el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Juan Verger, quien propuso esta solución al presidente del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, a fin de evitar que su oferta quedase en segundo lugar del concurso y que Trapsa renunciase a la primera posición en que había quedado, a cambio de recibir como contrapartida el dinero y los amarres.