La Sindicatura de Comptes, organismo fiscalizador de las cuentas de las administraciones públicas, cuestionó algunas actuaciones del Govern por segunda vez en una semana: en su informe referido al año 2009, entregado ayer al Parlament y accesible a través de su web, se consignan una serie de deficiencias, que afectan tanto a empresas y organismos públicos como a contratos de la Administración, y se le insta, mediante recomendaciones, a que ponga remedio.
Sin delito. El síndic major, Pere Antoni Mas, que no quiso entrar en ninguna consideración política más allá de lo recogido en el informe, precisó que ninguna de las deficiencias tiene carácter de «irregularidad penal» y que no hay la más mínima sospecha de delito ya que, «de otro modo lo hubiéramos comunicado a los jueces, como es nuestra obligación».
IB3. El informe alude a la situación de IB3 en 2009, ahogada económicamente aquel año, e inmersa, entonces, «en el supuesto de disolución previsto en la ley de sociedades anónimas», según revela. Mas, en relación a IB3, recordó que el Govern había asumido su deuda y aprobado un contrato-programa para evitar la quiebra. «Lo que ha quedado claro es que IB3 siempre necesitará la financiación del Govern», añadió.
Reacción. Al Govern no le cogieron por sorpresa los mensajes y recomendaciones de la Sindicatura. La portavoz, Joana Barceló, remarcó su deseo de «ser cada día mejor» y afirmó que el Ejecutivo «hará caso» y «mejorará» con las 61 recomendaciones, que incluye el informe. La sindicatura señala que se abusa del fraccionamiento de contratos y se queja de la falta de información. «Con todo lo que hemos vivido» en Balears, la administración trabaja no sólo para cumplir con la Sindicatura, sino para ser transparente en su gestión», dijo Barceló.
Medidas. Precisamente ayer, el Ejecutivo acordó extremar sus mecanismos de control y activó un mecanismo para que todas las conselleries hagan público en el plazo de dos meses toda una serie de actuaciones que se 'colgarán' en su web, entre ellas todos los contratos, las subvenciones, la relación de puestos de trabajo y «el nombre, la evolución y relación de cargos y puestos de confianza (asesores, etcétera) y el importe de las retribuciones totales». La consellera Barceló precisó que ya durante esta legislatura se han ido difundiendo algunos datos pero que la voluntad es que la transparencia sea total y que estas normas se mantengan con independencia de quien gobierne tras las próximas elecciones.
Contratos y subvenciones. La Sindicatura, para realizar su informe, examinó de forma aleatoria una serie de contratos e hizo al Ejecutivo una serie de consideraciones. Entiende que no debe abusarse del fraccionamiento de contratos y también que debería abstenerse de otorgar el cien por cien de la subvención sin esperar al proyecto. En cuanto a los expedientes analizados de subvenciones tramitadas por las entidades dependientes, recomienda que en la selección de los proyectos subvencionables se apliquen los principios de publicidad y concurrencia, que se justifique su elección y que se cumpla el procedimiento previsto para la aprobación de subvenciones. En 2009, la Comunidad y sus entidades autónomas convocaron 948 subvenciones, de las que resultaron 901 convenios, 10.151 beneficiarios y por una cantidad de 316,2 millones de euros.
No informaron. 74 de las 190 entidades no entegraon sus información a tiempo para el proceso de fiscalización. La Sindicatura incide en la necesidad de recortar el sector público.