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El grupo 'popular' presenta un recurso contra la licitación de la vía conectora

Cree que el proyecto se ha fraccionado «sin justificación técnica y jurídica»

PALMA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA VIA CONECTORA FOTO MIQUEL A. CAÑELLAS

| | Palma |

El grupo 'popular' en el Consell de Mallorca presentó ayer un recurso en el registro de la institución contra la licitación del primer tramo de la vía conectora, al considerar que dicha obra se ha fraccionado sin justificación técnica ni jurídica y se ha hecho únicamente para evitar que sea sometida a la evaluación de impacto medioambiental.

Fernando Rubio, portavoz popular en el Consell, explicó que esta medida implicará la «suspensión cautelar» del procedimiento del proyecto hasta que el expediente se resuelva en un período de diez días. Rubio criticó duramente que la vía conectora se haya fraccionado en siete proyectos diferentes, medida que «carece de justificación técnica y jurídica». «Esto impide que se presenten alegaciones al conjunto del mismo», lo que hace que sea una actuación «poco transparente».

El PP solicitó, además, que el proyecto sea sometido «en su conjunto al dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient», según explicó Rubio, quien denunció asimismo el «sobrecoste de 50 millones de euros del proyecto», antes de haber empezado las obras. A dicho sobrecoste habrá que sumarle los costes correspondientes al plan de drenaje de una de las fases que ha salido a información pública sin haber sido incluida en el proyecto. En este sentido, Rubio advirtió de que «ello supondrá un incremento presupuestario adicional del proyecto de la vía conectora y que éste tenga finalmente un coste muy superior al previsto en sus inicios».

Por su parte, el conseller de Presidència, Cosme Bonet, se apresuró ayer a negar que la presentación de un recurso suponga la paralización inmediata de la tramitación del proyecto. «El recurso no suspende el procedimiento iniciado», precisó Bonet.

El titular de Presidència acusó al PP de querer paralizar la obra más importante de la Comunitat, una actitud que calificó de «irresponsable»», puesto que genera «inseguridad jurídica a las empresas que podrían participar en el concurso y pone en peligro cerca de 5.000 puestos de trabajo que proporcionaría esta obra».

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