El consejero director general de la empresa Atlas, Pablo Cervera, ha defendido en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Bomsai la legalidad de los llamados honorarios de éxito que esta sociedad cobró a las adjudicatarias de las nuevas sedes de la Consejería de Salud y del parque de bomberos, y que la Fiscalía estima en unos 570.000 euros cobrados de forma presuntamente irregular.
Así lo ha puesto de manifiesto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, en una comparecencia en la que ha incidido en que estos cobros son una práctica habitual tras haber asesorado a nivel financiero y «no jurídico» a la hora de adjudicar un proyecto, lo que en este caso se materializó a través de la empresa del Gobierno balear CAIB Patrimoni.
Al respecto, las investigaciones apuntan a que Atlas facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Consejería, tras haber prestado asesoramiento a CAIB Patrimoni. Unos abonos que suponían el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.
En su declaración, el encausado ha negado que Atlas interviniese en la contratación de las empresas concesionarias o que redactase sus pliegos, sino que se limitó a presentar una propuesta de servicios, por un importe de 28.000 euros, con sus capacidades y experiencia en el asesoramiento para la financiación privada de infraestructuras públicas.
Es más, Cervera, defendido por el letrado Ignacio Ayala, ha apuntado que en una reunión en la que estuvo presente el entonces consejero de Economía y Hacienda, Lluís Ramos de Ayreflor -también imputado- fue un encuentro «general» donde CAIB mostró su interés en que «alguien les asesorara para buscar formas de financiación».
ATLAS «NO SE INVOLUCRO EN LA ADJUDICACION»
En este sentido, ha aseverado que Atlas estuvo trabajando con CAIB hasta la elaboración de los pliegos y «no nos involucramos en la adjudicación». En cuanto a su papel en este proceso, Cervera ha defendido que no estuvo implicado directamente en la generación y ejecución de la operación, en la que Jaume Fluxà era el agente comercial de Atlas. Tal y como ha apuntado, no sabía que se trataba de un concurso con la Administración aunque ha manifestado que «es posible que Fluxà sí lo supiera y no lo hubiera transmitido a Atlas».
Finalmente, el encausado ha defendido, de nuevo en relación a los honorarios de éxito, que Atlas se ha presentado a varios procesos de privatización ante la Sociedad Estatal de Participaciones e Inversiones (Sepi), en la mayor parte de los cuales se utilizan estas fórmulas «de forma generalizada».
Sin embargo, las pesquisas hacen referencia a la ilegalidad e improcedencia del pago de estos honorarios con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos -que suponen el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos- son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, son sufragados directamente desde las arcas públicas.
Es más, apuntan a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio
Un informe policial incluido en el amplio sumario de la causa señala que Cervera fue la persona encargada de realizar una propuesta de servicios a CAIB Patrimoni en relación al proyecto de la Consejería pese a que nunca habría conocido la forma en que la Administración pública contrató a su empresa, mientras que Benelbas, como consejero, presidente y apoderado solidario de Atlas, llevó a cabo la misma actuación respecto a la ejecución del parque de bomberos.