El delegado del Gobierno, Ramón Socías, calificó ayer de «desproporcionadas» las detenciones por supuesta corrupción que se han producido durante los últimos años. Primero Socías se refirió a los implicados en el 'caso Picnic', pero posteriormente admitió que su opinión también servía para otros casos que se han investigado durante los últimos años en Balears.
«Creo que las investigaciones que se han hecho se podrían haber hecho de otra manera, no me refiero sólo a éstas últimas, me refiero a muchas otras que están en la mente de todos», declaró Socías antes de comenzar el acto institucional del Dia de les Illes Balears en el Parlament.
Socías admitió que en la mayoría de casos hubiese sido suficiente una citación a los implicados para acudir a declarar. «Hemos de ser conscientes de que determinados casos tienen una trascendencia mediática y el 'paseíllo' es especialmente gravoso. Se podría haber podido elegir otra forma de actuación que no hubiese sido tan culposa porque estamos hablando de imputados, no condenados», cuestionó.
El delegado del Gobierno admitió que los detenidos «tienen familia». «Con una citación nadie hubiera intentado huir. No son sospechosos de delitos de sangre», subrayó Socías.
Los delitos
Cinco presuntos delitos son los que imputa el titular del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma, Francisco Pérez, a Cristina Cerdó y Paula Cortés dentro de las diligencias de la 'operación Picnic', que investiga posibles contrataciones irregulares, por parte del IMFOF, de educadores ambientales con fines electorales. Malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la Administración y falsedad en documento público son los tipos penales a los que deberán hacer frente Cerdó y Cortés.
Cristina Cerdó y Paula Cortés conocieron en la madrugada del martes el auto del juez de guardia en el que se fijaba una fianza de 300.000 y 100.000 euros, respectivamente, para eludir su ingreso en prisión. Ambas cauciones, así como los delitos que se les imputan, se ajustaron a las solicitudes formuladas por los fiscales del caso, Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán.
El juez ha fijado el plazo de mañana a las 11.00 horas como el máximo para depositar las fianzas que, según comentó la defensa de Cerdó, que corre a cargo de Àngel Aragón, «se realizará dentro del margen dictado, con independencia del recurso que vamos a presentar contra el auto».
Cabe recordar que el ex conseller de Esports, Mateu Cañellas, que fue detenido el mediodía del pasado lunes, quedó en libertad sin ningún tipo de medidas cautelares después de prestar declaración, aunque continúa imputado en la causa. A la salida destacó el «trato correctísimo» de que había sido objeto dentro de las dependencias judiciales.
Bajo la lluvia
Pasadas las tres y media de la madrugada, la ex concejala Cristina Cerdó y la ex coordinadora de Medio Ambiente Paula Cortés abandonaban los calabozos de los juzgados de Vía Alemania, en donde habían permanecido desde la nueve de la mañana tras haber sido trasladas desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía donde habían quedado detenidas.
Acompañadas por sus respectivas defensas, Cerdó y Cortés enfilaron la salida de los juzgados sin realizar ningún tipo de declaraciones a los periodistas que les esperaban en la puerta. Cerdó fue recibida por su esposo, que la protegió de la lluvia con un paraguas.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas implicaciones relacionadas con la trama desvelada por la 'operación Picnic', toda vez que se están analizando las alrededor de treinta declaraciones que han realizado los imputados y testigos citados por el juez y los fiscales, así como la ingente documentación incautada en el registro de la sede de Unió Mallorquina y de la empresa municipal IMFOF.
Aunque se mantiene el secreto sobre las diligencias relacionadas con este sumario, algunos testimonios podrían ampliar el abanico de responsables de esta presunta trama de contrataciones fraudulentas, las cuales tendrían por objetivo financiar labores propias de partido con fondos públicos, procedentes del Ajuntament de Palma.