La Fiscalía de Balears ha remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Palma el expediente abierto contra los controladores aéreos que el pasado Puente de la Constitución secundaron una huelga 'salvaje' en los aeropuertos de Son Sant Joan, Menorca y Eivissa, que afectó a unos 600.000 pasajeros en toda España, más de 100.000 de ellos en las Islas.
Según confirmaron ayer a este diario fuentes próximas a la investigación, los controladores aéreos tendrán que responder, probablemente, por los delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo, dos ilícitos penales que ya se mencionan en otras causas abiertas contra ese colectivo en los juzgados españoles que ya están tramitando las distintas denuncias presentadas por el Ministerio Público.
Los profesionales que dirigen el tráfico aéreo en Balears y que se negaron a trabajar los pasados días 3 y 4 de diciembre son unos ochenta, y todos ellos ya han prestado declaración ante la Guardia Civil, algunos como testigos y otros en calidad de imputados.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany, que ha asumido la causa, citará a declarar a los controladores inmediatamente después de haber estudiado los expedientes que les ha remitido la Fiscalía de Balears y el atestado de la Guardia Civil.
Investigaciones
Este diario intentó contactar ayer con el portavoz del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Balears, Javier Zenón, para que se pronunciara sobre la decisión de la Fiscalía, pero estaba ilocalizable.
La Policía Judicial inició las investigaciones en Palma durante las pasadas Navidades al entregar a los controladores de la torre de control y el centro de control las citaciones en calidad de imputados.
Por ese motivo, según el USCA varios de esos profesionales debieron ser atendidos por el servicios médico y algunos tardaron cerca de dos horas en recuperarse de varios cuadros de ansiedad.
El Gobierno decretó el 'estado de alarma' en las torres y centros de control de todos los aeropuertos españoles para garantizar el tráfico aéreo en las pasadas fiestas de Navidad y Fin de Año.
Por este motivo, en las instalaciones siempre estuvo presente un oficial del Ejército del Aire que verificó la presencia de los controladores en sus respectivos puestos de trabajo.
Según aseguraron los controladores se podía haber mantenido el espacio aéreo abierto en Balears en esos días críticos en un porcentaje del cincuenta por ciento. Con ello, «se podría haber evitado la catástrofe que supuso el cierre total del espacio aéreo en los aeropuertos de Maó, Eivissa y Son Sant Joan», declaró en su momento Javier Zenón.
USCA afirma que más hubiera valido esperar tener retrasos en vez de cancelar los vuelos tal y como sucedió al decretarse el cierre temporal del espacio aéreo. Sin embargo, según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el cierre del espacio aéreo español se inició con el de Madrid y paulatinamente afectó al resto de Centros de Control, entre ellos los de Balears, a medida que los controladores abandonaron sus puestos de trabajo. Los controladores aéreos no respondieron a las preguntas formuladas por la Guardia Civil siguiendo instrucciones de sus sindicatos.