El Consorcio para la revalorización integral de la Playa de Palma prepara un decreto ley con exenciones y beneficios fiscales para facilitar e impulsar la inversión privada en la reconversión de esta zona turística obsoleta.
La gerente y comisionada del Consorcio de la Playa de Palma, Margarita Nájera, ha explicado que el borrador de decreto legislativo recoge los beneficios fiscales para los inversores que se pueden plantear en el proyecto.
El borrador se inspira en casos precedentes que se han dado en España como «la repuesta que dio el Gobierno en la isla de la Cartuja» para rehabilitar la zona después de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y «las medidas que se adoptaron para la Copa América en Valencia y el traslado del puerto», según ha detallado Nájera a Efe.
«El decreto que tendría que aprobar el Consejo de Ministros permite a las empresas tener unas condiciones específicas de amortización y tiene una serie de incentivos fiscales que hacen mucho más atractiva la inversión en Playa de Palma», explica la responsable del consorcio.
El objetivo es estimular la implicación del sector privado en la reconversión y atraer capitales y fondos de inversión, ya que el Consorcio considera que la revalorización integral de Playa de Palma depende, en gran parte, de la iniciativa privada empresarial.
Todas las medidas que incluye el anteproyecto de decreto ley tendrían una aplicación temporal hasta 2020, pero el plazo que puede ser prorrogable, y buscan convertir en neutras desde el punto de vista fiscal cierto tipo de operaciones inmobiliarias.
El texto incluye exenciones del impuesto de sociedades, el de la renta de las personas físicas y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, así como en los tributos locales en distintos conceptos como las subvenciones públicas que se perciban para proyectos del plan de reconversión.
Por ejemplo, contempla hasta un 35 por ciento de exención del impuesto de sociedades en determinados conceptos, un 20 por ciento de rebaja en los proyectos que contemplen la supresión de barreras arquitectónica y la mejora de accesos, o del 10 % en proyectos que impliquen demoliciones.
El borrador de decreto ley, que se ha acordado con las patronales empresarial y hotelera -CAEB, FEHM y la Cámara de Comercio de Mallorca- forma parte del paquete legislativo que prepara el Consorcio para «dar cobertura legal a las necesidades de reconversión de Playa de Palma» y que arrancó con la ley urbanística que facilita los trámites y licencias en esta zona para hacerlos más fáciles y eficientes.