Una esteticista de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, afirmó ayer ante la jueza del 'caso Voltor' que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) no contrató «a dedo» a su empresa por 85.000 euros para realizar una catalogación de los «spas» de Baleares.
«No se trató en ningún momento de un tema de adjudicación a dedo», ha afirmado la médico de formación Marisol Carrasco en su declaración como testigo, y ha apuntado que Munar fue su paciente y que le pidió consejo acerca de cómo presentar su proyecto, tras lo cual la también expresidenta de Unió Mallorquina (UM) le citó en el Consell.
A esa reunión, celebrada en noviembre de 2007, acudió también el exconseller de Turisme de UM, Francesc Buils, que dirigía el departamento del que dependía el Inestur, organismo que adjudicó en febrero de 2009 un negociado sin publicidad por 60.000 euros y dos contratos menores por 18.000 y 7.000 euros a la sociedad de la testigo.
«Munar no me ayudó en nada para acceder al Govern balear», ha asegurado Carrasco a la jueza, y ha defendido su proyecto de los «spas», en el que ha dicho que comenzó a trabajar en el año 2005 como «hobby» y porque se trataba de un proyecto «para el bien público».
Tres empresas de los mismos dueños
A ese negociado de 60.000 euros se presentaron tres empresas invitadas por el Inestur, aunque las tres eran propiedad de las mismas personas, en concreto de Carrasco y sus dos socios, según ha reconocido hoy uno de ellos en su declaración como testigo.
Este socio ha añadido que fue una funcionaria del Inestur la que le propuso invitar a las otras dos empresas para que luego dos de ellas renunciaran y dejar así el espacio libre a Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas, sociedad a la que, desde un principio, se quería contratar.
«Mi idea era mejorar la calidad de los 'spas'. Imaginaba que en un futuro podría tener un trabajo remunerado, pero pensaba en el bien público», ha indicado Carrasco.
Ha insistido en que el trabajo del negociado y de los contratos menores se llevó a cabo, y ha defendido que en el Inestur interesó mucho.
Trabajo interrumpido por el 'caso Inestur'
Tanto Carrasco como sus dos socios han defendido hoy ante la jueza su proyecto financiado por el Inestur, y han apuntado que tenía un coste global de 2 millones de euros y que pretendía clasificar estas instalaciones mediante puntuaciones, así como elaborar una ruta de «spas» de las islas.
Los 85.000 euros que cobró esta empresa correspondieron al inicio del proyecto, con una prospección de diez «spas», aunque finalmente el mismo no se llevó adelante al saltar la investigación judicial en el Inestur por supuesta corrupción que dio lugar al «caso Voltor».
Uno de sus socios, economista y encargado de los temas administrativos, ha testificado que «Buils le indicó a Antoni Oliver (exgerente de Inestur) que le gustaba este proyecto y que Inestur era el departamento apropiado para desarrollarlo».
El proyecto, ha explicado, tenía tres partes: una muy técnica de un cuestionario la calidad de los «spas», otra práctica de aplicar este cuestionario a las instalaciones y una tercera mediática de idear una ruta con cosméticos típicos de cada zona.
Respecto al procedimiento de pago, justificado mediante un negociado y dos contratos, ha indicado que la técnica de Inestur le dijo que no sabían a quién invitar y le propuso las tres empresas relacionadas: el Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas -que finalmente fue la adjudicataria-, Jose Lluis Capllonch -el tercer socio que ha declarado hoy- y Pujol, Pascual y asociados S.L.
«Me dio a entender que había que cubrir el expediente», ha confesado el testigo, quien ha añadido que él desconocía que esta forma de actuar fuera irregular y que no le dio importancia.
los socios de la testigo, que ha añadido que fue una funcionaria del Inestur la que le propuso invitar a sus otras dos empresas.