El director general de Mobilitat del Govern y candidato del PSM-Iniciativaverds al Ajuntament de Palma, Antoni Verger, ha asumido la oposición de esta coalición a al proyecto de vía conectora, el 'heredero' del llamado segundo cinturón y, ayer, entregó personalmente las alegaciones al proyecto.
Este asunto lleva camino de convertirse en un nuevo elemento de disputa pre-electoral e, incluso, puede afectar al gobierno insular cuando faltan menos de cien días para las elecciones. Esquerra-ERC también intervino en la polémica y, además de presentar su alegaciones, insistió en que tanto el PSM como Esquerra Unida deberían dejar el gobierno del Consell ya que «un centenar de cargos no deberían justificar un sí a todo».
Aunque portavoces de la plataforma vecinal que rechaza el proyecto y el conseller Antoni Alemany (responsable político del proyecto) se reunieron el viernes con la idea de alcanzar acuerdos, lo cierto es que toda la izquierda y los grupos ecologistas rechazan el proyecto. También el PP ha presentado alegaciones.
Cort-Consell
El hecho de que Verger acudiera ayer a entregar las alegaciones y que su partido insista en la necesidad de retomar «lo pactado» da a entender que en el Consell de Mallorca se ha abierto un nuevo rente.
La presidenta insular, Francina Armenol, dijo la semana pasada que no entendía como un partido del gobierno presentaba alegaciones a un proyecto del propio gobierno. El PSM insiste, y en eso coincide con ERC, que el proyecto del Consell no es el pactado. Alemany admitió que estaban dispuestos a minimizar el impacto.
Ilegal
El GOB asegura que la tramitación del proyecto del segundo cinturón o vía conectora de Palma es ilegal y califica de «perversión» que se esté tramitando por tramos y no como una actuación única, lo que supone la vulneración de preceptos normativos como el Plan Director Sectorial de Carreteras (PDSC). En su opinión, esta tramitación supone la «indefensión total» de los ciudadanos.