El Ajuntament de Palma ha recurrido al juzgado de lo civil para culminar los desalojos previstos en el poblado de Son Banya, ya que las 28 familias a las que se les ha notificado el desahucio se niegan a abandonar el poblado. El periodo de desalojo voluntario finalizó el pasado lunes, sin que se hayan producido los resultados esperados.
Requisitos
El teniente de alcaldesa de Benestar Social, Eberhard Grosske, explicó que cada una de las familias a las que se les ha notificado el desahucio tendrá una vista con el juez, en la que Cort argumentará que no cumplen los requisitos para vivir en Son Banya. Como se recordará, este núcleo barraquista se construyó para acoger a las personas sin recursos, ya que fuentes municipales señalan que no pagan luz, agua ni contribución. Grosske se mostró muy confiado en que el juez termine dando la razón al Consistorio palmesano y se ejecuten los desahucios.
Esto supondrá un retraso en el desmantelamiento de Son Banya, ya que aunque Cort ha optado por el procedimiento más rápido (vía civil en lugar de administrativa) pasarán unos dos meses hasta que se celebren las vistas en las que el juez decidirá si ordena a las familias afectadas que abandonen Son Banya.
Desde la regiduría de Benestar Social han informado que «de las familias que fueron notificadas, 13 presentaron un escrito de queja en Cort y 5 iniciaron una suspensión cautelar de los desalojos por la vía judicial, suspensión que ha sido desestimada por el juez en cuatro casos, quedando el quinto pendiente de juicio». Otras familias que optaron por la suspensión cautelar no han visto su petición admitida a trámite.