La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha archivado el conocido como 'caso Licencias', en el que se imputaba por prevaricación a la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), al considerar que había favorecido a varias promotoras vinculadas a la formación 'popular' concediéndoles unas 140 licencias urbanísticas, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El auto emitido por el tribunal estima que los hechos investigados desde que en abril de 2007 se iniciase esta causa no son constitutivos de delito, tal y como ya dictó en primera instancia el Juzgado de Instrucción número 6 de Manacor, encargado del procedimiento. Sin embargo, Esquerra Unida-Els Verds, PSM y PSIB recurrieron en apelación el sobreseimiento, confirmado finalmente por la Audiencia.
La querella interpuesta por estas formaciones atribuía a la ex primera edil, asistida por el letrado José Zaforteza, haber retrasado de forma intencionada, entre 2004 y 2005, la aprobación de una norma urbanística que restringía el crecimiento urbanístico de Felanitx, mediante el envío de una carta al Consell en la que pedía la paralización de esta normativa. Sin embargo, la Audiencia no considera que se haya cometido un delito de prevaricación como tampoco ninguno de los otros que se le imputaban.
En declaraciones a Europa Press, Soler ha mostrado su satisfacción ante el archivo de la causa y ha confiado en que, «de una vez por todas, el PSIB y los demás partidos que han actuado contra mí me pidan perdón por el calvario que he sufrido estos últimos años y sobre todo por el de mi familia y mis amigos».
La ex alcaldesa ha tildado de «animalada» los hechos que se le imputaban en esta causa al tiempo que ha expresado su respeto ante la actuación de la justicia. Se da la circunstancia de que Soler ya fue absuelta de otro caso, el llamado Caballistas, en el que junto a otros 13 acusados se sentó en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad documental que finalmente no se consideró probado.
En este caso se investigaba si entre 2004 y 2005 fue urdida una trama para legalizar la vivienda particular que el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal -para quien la Fiscalía pedía 6 años de prisión- construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente, denominada Agrupación de Caballistas de Ses Salines, para que el Consell de Mallorca concediese la declaración de interés general.