El Govern ha regulado hoy los procedimientos de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) estableciendo como condición para los demandantes su inscripción en un registro único autonómico que prioriza a jóvenes, ancianos, víctimas de violencia de género y familias desfavorecidas.
El Consell de Govern ha aprobado un decreto para ordenar el reparto de los inmuebles del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) entre las personas que necesitan una casa de protección oficial, colectivo que actualmente integran unas 3.600 familias, según los datos facilitados por la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, Barceló ha indicado que el decreto determina las circunstancias en las que se aplicarán cada uno de los tres sistemas de adjudicación previstos: el sorteo, la baremación y la combinación de ambos.
Además, se establece la creación de una lista de reserva para agilizar el reparto entre los demandantes de las viviendas del Ibavi y se faculta a una comisión ejecutiva de este instituto público a alcanzar acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para cederles parte de los inmuebles protegidos en favor de «ciertos colectivos» con dificultades de encontrar casa.
Usuarios
De hecho, además de los menores de 35 años, los mayores de 65 y las víctimas de violencia de género, la normativa da preferencia para el acceso a VPO a afectados por situaciones catastróficas, familias numerosas o monoparentales y personas dependientes o con discapacitados a su cargo.
También serán atendidos en primera instancia los separados o divorciados que no reciban las pensiones que les corresponden, y los ciudadanos «procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo» o que hayan quedado en la calle por alguna otra circunstancia.
Por otro lado, el Consell de Govern ha ratificado esta mañana la creación de un registro de profesionales sanitarios que será de acceso público para los usuarios de la sanidad.
En el registro, que tiene un plazo de implementación de seis meses, se recogerá el nombre, la titulación, la especialidad, el lugar de trabajo y la categoría y función de los profesionales de todos los centros sanitarios públicos y privados, de los inscritos en los colegios profesionales y de las que trabajen en entidades aseguradoras en materia de salud.
Además, el Ejecutivo ha aprobado la ampliación en dos años de la vigencia del Carnet Jove, una tarjeta que en la actualidad tienen 26.000 baleares de entre 14 y 30 años.
Con la extensión, se alarga hasta los cuatro años la validez de esta tarjeta, que ofrece ciertas ventajas en el acceso a algunos servicios y descuentos en la adquisición de determinados productos.
Finalmente, el Govern ha dado su visto bueno a la ampliación de las expropiaciones precisas para las obras de mejora de la carretera Me-8, que afecta a 1.182 metros cuadrados de cuatro fincas ubicadas en Mahón y Sant Lluís.