El Consell de Mallorca impuso de manera unilateral las nuevas condiciones de facturación para la recogida de residuos, y también, fijó en 9.000 euros mensuales el sueldo del empresario de la Part Forana Simón Galmés Veny.
Así de taxativos se mostraron ayer ante el juez instructor del 'caso Cloaca', Enrique Morell, y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán, dos de los representantes de las empresas adjudicatarias del servicio de recogida selectivos de residuos sólidos y urbanos, Melchor Mascaró y FCC-Lumsa, en la declaración que prestaron en calidad de imputados.
Al finalizar las declaraciones, que se celebraron amparadas por el secreto del sumario, el Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar para ambos, ni tampoco las impuso el juez.
Comisiones
M.M. , defendida por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, negó, asimismo, haber pagado comisiones a responsables políticos del Consell de Mallorca por la recogida selectiva de residuos sólidos y se desvinculó de una presunta trama de desvío de fondos a empresas concesionarias de este servicio.
Añadió que no se ocupaba del día a día en este sentido y ha rechazado por tanto haber tenido constancia de que se hubieran producido irregularidades en forma de facturas infladas u otros mecanismos.
E.F. por su parte, asesorado por el letrado Luis Jordana de Pozas, dijo que era el Consell quien les impuso el nuevo sistema de facturación para la recogida de residuos así como las toneladas que la UTE debía facturar a la Institución insular. En la causa, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, y Simón Galmés Veny, se encuentran en libertad sin fianza, aunque el juez les retiró el pasaporte.