Lejos de reducirse las infracciones urbanísticas, éstas se han incrementado un 80% durante 2010 con respecto al año anterior, según se desprende de los datos facilitados por la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial del Consell de Mallorca. En total, en 2010, se realizaron 527 inspecciones urbanísticas, de las que 265 fueron a iniciativa de la propia entidad y 262 fueron a instancia de otros organismos públicos o particulares.
Resultado de estas inspecciones fue la apertura de 380 expedientes de infracción urbanística frente a los 203 de 2009, si bien hay que tener en cuenta que la Agència no se creo hasta abril de ese año. Este organismo tiene competencias de inspección en todos los municipios de la Isla y en siete en concreto -Valldemossa, Puigpunyent, Algaida, Campanet, Son Servera, Montuïri y Marratxí-, además tiene potestad para aplicar sanción y restablecer la legalidad, según explica Vicenç Sureda, gerente del organismo del Derpartament de Territori.
Actuaciones
«En la mayoría de municipios, en estos años pasados, se han realizado muchas actuaciones que no se ajustan al planeamiento. Este tiempo perdido, habría que recuperarlo. Es preciso un cambio de visión que tiene que ver con la cultura de la gente sobre el patrimonio», indica Sureda. De hecho, aún se ejecutan actuaciones urbanísticas sin la correspondiente licencia municipal o bien las obras no se ajustan a la licencia otorgada. También hay casos en que la licencia no está bien dada por los ayuntamiento. Sureda recuerda que las infracciones urbanísticas en suelo rústico general prescriben a los ocho años, pero las edificaciones en suelo especialmente protegido no prescriben nunca. «Y aquí en Mallorca es importante porque el 40% del territorio tiene una protección especial».
El derribo y la restitución de la zona a su estado original es la resolución de las infracciones más graves. Así, en 2010 se acordaron 24 órdenes de demolición frente a las 18 de 2009. Hasta el momento, según señala Sureda, se han ejecutado 10 y otras 9 están preparadas para realizarse este año en municipios como Alaró, Pollença Campanet o Son Servera. En estos casos, ya se ha acordado que la Agència de Disciplina Urbanística se haga cargo. En general, se trata de viviendas unifamiliares o anexos de establecimientos hoteleros. Además, la cuantía de estas sanciones ascendió el año pasado a 1.650.000 euros.
Iniciativa
«Además de atender las denuncias que nos llegan, la Agència está intentando tomar la iniciativa y, por tanto, aumentar la detección de ilegalidades, así como valorar la priorización de las actuaciones. Las actuaciones por iniciativa propia se han de convertir en el núcleo más importante de nuestra actividad», concluye Vicenç Sureda.