El Consell de Mallorca se ha personado como acusación particular en la Operación Cloaca, para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado por varias empresas a la institución insular, que podría oscilar entre 1 y 3 millones de euros, a través de facturas infladas correspondientes a la recogida de residuos en la Part Forana de la isla.
Así lo han informado a Europa Press fuentes del Consell de Mallorca, que han señalado que este mismo viernes han enviado un escrito al juez de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, que se encarga de este caso, con el fin de informarle de la personación de la institución insular como parte perjudicada.
El Consell ha tomado esta decisión tras ser estudiada la causa por sus servicios jurídicos, que consideran que esta institución debe defender sus intereses en este nuevo caso de supuesta corrupción, para que si se demuestra que ha habido un desvío de fondos públicos, estos sean devueltos de manera inmediata.
Esta es la primera ocasión en la que el Consell de Mallorca se presenta como acusación particular en un caso de supuesta corrupción, dado que en el resto de causas abiertas que afectan a esta institución, los servicios jurídicos han estimado que no se daban las circunstancias para ello, según han indicado las mencionadas fuentes.
La decisión del Consell se produce, después de que el pasado sábado, el juez de instrucción número 9 de Palma, decretara libertad provisional sin fianza para el ex director general de Residuos de la institución insular Guillem Riera y para el empresario del sector de residuos de la Part Forana, Simón Galmés Veny, si bien les retiró el pasaporte, les prohibió abandonar el territorio nacional y les ordenó personarse cada quince días ante la autoridad judicial.
Riera y Galmés fueron interrogados, después de que fuesen detenidos el pasado jueves en el marco de esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca en la que se han arrestado a seis personas, de las que cuatro ya habían sido puestas en libertad.
Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos.
La Operación Cloaca investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas.
Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.
La ex consejera insular de Medio Ambiente Catalina Julve ha sido llamada a declarar el próximo lunes en calidad de imputada, a pesar de que ya ha asegurado «no tener nada que ver». Así, defiende que las facturas en las que estampó su firma durante la época en la que se habrían producido estas irregularidades las rubricó sin saber que estaban infladas o no.