La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado «terminado» el recurso interpuesto por el Ajuntament de Palma en contra de una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que condena a la Empresa Funeraria Municipal (EFM) a pagar 500.000 euros en concepto de multa por impuesta el 3 de marzo de 2009 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
La EFM «ha obstaculizado la competencia real o potencial, siendo corresponsable el Ajuntament», señalaba la sentencia, recurrida en casación por los servicios jurídicos de Cort.
El Supremo señala en una sentencia de la que ha sido ponente Manuel Campos Sánchez-Bordona, que el recurso de Cort en casación «es un medio impugnatorio que carece de efectos suspensivos».
El Ajuntament basó su recurso al amparo de varios artículos de distintas leyes jurisdiccionales, algunos de ellas constitucionales, que considera han sido «vulnerados» con la sentencia de la Audiencia Nacional, pero el abogado del Estado se opuso y solicitó la condena en costas a Cort, cuestión ésta última que fue desestimada por el Supremo.
Contradicciones
La sentencia del Supremo señala que «en el hipotético caso de casar el auto de medidas cautelares y tener que resolver a efectos (de lo solicitado por el Ajuntament) no podría hacerlo con propiedad», sin entrar en contradicciones sobre la pertinencia de las medidas cautelares previas denegadas en su momento».
El presidente de la asociación de Funerarias de Balears, Carlos Pérez, declaró a Ultima Hora el pasado mes de octubre que el Ajuntament de Palma ha estado ocultando la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que obligaba a Cort a pagar los 500.000 euros, desde el día 31 de marzo de 2010. La citada asociación conoció la sentencia del alto órgano judicial a finales del mes de septiembre, a través del instructor de la Comisión Nacional de la Competencia.
Como se recordará, el portavoz del PP, Julio Martínez, acusó a la alcaldesa «de mentir y manipular al pleno, a la oposición, a sus socios de gobierno, a los auditores e, incluso, a los interventores», ya que Calvo llevó al pleno del pasado 28 de junio la aprobación de las cuentas anuales de la Funeraria que no se correspondían con la realidad y que fueron aprobadas con la abstención de los 'populares'.