La empresa Ses Nostres Eines, propiedad de uno de los imputados en la 'operación Cloaca', Simón Galmés Veny, en libertad sin fianza, junto al ex director insular de Residuos Guillem Riera, facturó en 2006 al Consell de Mallorca 29.500 euros en concepto de sillas para verbenas en los pueblos.
Los investigadores sospechan que se trata de un negociado sin publicidad supuestamente amañado al no hallar indicios de que se hubiese prestado el servicio por el que se pagó, y ya lo han puesto en conocimiento del juez instructor de la causa, Enrique Morell, titular del Juzgado de Instrucción 9 de Palma.
El contrato para adquirir sillas se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, ya que su importe (IVA excluido) fue igual o superior a 18.000 euros e inferior a 60.000 euros en suministros y/o servicios.
Contrato sin publicidad
Ese contrato sin publicidad será una de las primeras piezas separadas que se investiguen en la 'operación Cloaca', que sigue bajo secreto sumarial, según las fuentes consultadas por este diario.
Sobre esa cuestión fue interrogado en la madrugada del pasado sábado Simón Galmés Veny, quién admitió haber recibido ese dinero por parte del Consell de Mallorca, a través de la Dirección General de Residuos. El director de ese organismo, Guillem Riera, defendido por el abogado Jaime Campaner, negó de manera tajante haber autorizado ese pago, o tener conocimiento de la adquisición masiva de sillas para verbenas de pueblos.
Registros
Asimismo, en la documentación incautada en los registros realizados a las empresas relacionadas con la presunta trama en la recogida selectiva de la basura en los municipios de Mallorca, con excepción de Palma y Calvià, se han encontrado facturas «sospechosas», también libradas por Ses Nostres Eines, en concepto de cientos de camisetas con el eslógan «Mallorca recicla». Riera y Galmés, entregaron ayer sus pasaportes, en cumplimiento de la medida cautelar dictada sobre ellos por el juez Morell. Ambos dirigentes del UM fueron detenidos el pasado jueves junto a otras cuatro personas en el marco de la «operación Cloaca». La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional investigan el desfase millonario, superior al millón y medio de euros, entre el coste del servicio y las toneladas de residuos que se han recogido tras la modificación del contrato, pactado entre las empresas y el Consell.