El juez instructor del 'caso Castell de Sant Elm', Antoni Garcías, dictó ayer una providencia en la que se dirige al Parlament de les Illes Balears con el objeto de que certifique si Joan Flaquer ostenta la condición de diputado, es decir, si es aforado, paso previo a la decisión que puede adoptar el magistrado de remitir a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) la investigación de unos supuestos desvíos de fondos públicos a través del Ibatur y con destino a la Fundación Illes Balears presidida por el ex presidente del Govern Gabriel Cañellas.
Esta es la segunda ocasión en menos de un mes en que un juez que investiga causas relacionadas con la corrupción se dirige al Parlament para confirmar el aforamiento de Flaquer, tras la providencia firmada en ese sentido por el magistrado instructor del 'caso Palma Arena', José Castro.
El ex conseller de Turismo y ex portavoz del PP, asimismo, también imputado en el 'caso Ibatur, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.
La providencia del juez Antoni Garcías se produce tras el desarrollo de varias diligencias inherentes al 'caso Castell de Sant Elm', en las que ya han declarado Flaquer y Cañellas, imputados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La imputación de Joan Flaquer, Gabriel Cañellas y también de de Carlos Pizà, ex gerente de Inestur, se produjo a petición del fiscal anticorrupción Juan Carrau, después de que la acusación particular pidiera que comparecieran como testigos.
Fondos públicos
En su escrito, Carrau aseguraba que Flaquer «pudo firmar un convenio carente de justificación y de objeto concreto que favorecía a un tercero determinado». Además, señaló que el ex conseller de Turisme «posibilitó pagos con fondos públicos sin justificar». Respecto a Pizá señaló que autorizó esos pagos para beneficiar a la fundación del ex president Cañellas.
En el 'caso Castell de Sant Elm' también están inculpado los ex alcaldes de Andratx Eugenio Hidalgo y Jaume Porsell por los mismo delitos. Joan Flaquer ha defendido en sede judicial la concesión de la subvención al Ajuntament d'Andratx -por un importe de 30.000 euros con cargo al Inestur- en un convenio en el que ni siquiera recuerda si también era extensible al Castell de Sant Elm. «No recuerdo si el alcalde Eugenio Hidalgo me habló de esta posibilidad. En todo caso no me parecería mal. Este convenio era idéntico a otros», explicó. El ex conseller recordó ante el juez que «el dinero se le transfiere al ajuntament de Andratx y no a la Fundació Illes Balears y, además, pedimos la justificación de los pagos».
Flaquer mostró su sorpresa, ayer, cuando este diario le informó del contenido de la providencia dictada por el juez: «No entiendo nada. Volvería a hacer lo mismo», afirmó.
Gabriel Cañellas, por otra parte, ya fue imputado en sumarios durante su etapa como presidente del Govern, entre ellos los casos Calvià, Agricultura y Túnel de Sóller. Por este último, Cañellas se vio forzado a dimitir como presidente del Govern en 1995.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears le declaró culpable de un cohecho ya prescrito y le absolvió de prevaricación, fallo confirmado por el Supremo.