El arquitecto Santiago Calatrava, imputado dentro del caso Palma Arena y citado a declarar el próximo día 18, ha negado que el anterior Gobierno balear del PP le favoreciese de forma ilegal -en contra de lo que postula el juez- al adjudicarle la elaboración, por encargo del entonces presidente Jaume Matas, de un anteproyecto de la Opera en Palma, al tiempo que ha rechazado tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.
Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado remitido a través de su defensa, donde asevera que es «habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado», que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleve a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, «cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava».
Sin embargo, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, señala en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que de las investigaciones practicadas hasta el momento «racionalmente se desprende que Calatrava pudiera haber resultado ilícitamente favorecido» como administrador de la mercantil Santiago Calatrava AG por la adjudicación de este proyecto.
En su escrito, el arquitecto valenciano recuerda que fue Matas quien solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell, que culminase con el levantamiento de un teatro de la Opera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como Calatrava y su equipo.
Así las cosas, el experto, a instancias del ex presidente y del entonces conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, negoció el contrato con el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), en el que se especificaba que el trabajo a realizar consistía en la realización y presentación pública del anteproyecto de un edificio singular destinado a las artes escénicas en Palma (dentro de la remodelación del Moll Vell).
Como Calatrava no reside en España, el contrato lo suscribió la sociedad Santiago Calatrava AG, domiciliada en Suiza. El encargo, remarca el escrito, fue cumplido mientras que al Gobierno balear se le entregó un 'render' (vídeo de realidad virtual) sobre la remodelación de la Bahía de Palma, requerida «personalmente» por el presidente, junto a dos maquetas que recogían el desarrollo del Moll Vell, la Opera y la Bahía. Trabajos que fueron complementados por bocetos y dibujos de reordenación del tráfico y desarrollo urbanístico de ambos espacios, «todo ello como parte del compromiso, atendido en tiempo y forma, de entregar el anteproyecto».
No obstante, recuerda Calatrava, finalmente el proyecto no pudo ser presentado públicamente, «como era el deseo del Gobierno balear», por orden de la Junta Electoral, aunque puntualiza que su sociedad cobró el importe exacto que figura en el contrato -1,2 millones de euros-, «sin haber entregado comisión alguna a nadie y sin que en ningún momento» se le fuera requerido. Es por todo ello que el arquitecto desea aclarar todos los extremos del contrato y de los honorarios cobrados ante el juez, al que responderá «con toda la documentación que acredita lo anterior».