La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe en el que se detectan mínimas anomalías en la operación en el polígono de Son Rossinyol, donde el Govern alquiló unas oficinas para convertirlas en sede de la Conselleria de Mobilitat. El PP denunció deficiencias en la operación de alquiler con opción de compra. Estas son algunas de las consideraciones emitidas por la Sindicatura de Comptes:
Resultado. La Sindicatura asegura que la operación de Son Rossinuol cumplió las «condiciones mínimas» indispensables para considerarlo adecuado a la normativa vigente, excepto en algunas cuestiones.
Necesidades. Los síndics cuestionan que falta una definición previa detallada de las necesidades, que deberían haber sido descritas antes del inicio de las actuaciones para seleccionar el contratista.
Patrimonio. El informe de la Sindicatura señala que no se presentó por parte de la Direcció General de Patrimoni un documento en el que se justificase que no se disponía de espacio que se ajustase a las solicitudes de las consellerías de Medi Ambient e Interior.
Estudio. Los síndics cuestionan que no se hiciese un estudio o documento en el cual CAIB Patrimoni analizase las diferentes opciones para dar respuesta a estas solicitudes y su coste. La Sindicatura de Comptes también dice que no se hizo ningún documento que garantizase la financiación de la operación.
Consell d'Administració. A la Sindicatura no le consta la aprobación de un acta que acordase la obtención de un inmueble en régimen de arrendamiento o alquiler con opción de compra de las oficinas de Son Rossinyol.
Condiciones. Los síndics señalan en su informe que en el contrato con la propiedad de las oficinas de Son Rossinyol se produjeron modificaciones que no figuran suficientemente acreditadas en el expediente.
Equipamientos La Sindicatura de Comptes plantea que con anterioridad a la ocupación del inmueble por parte de CAIB Patrimoni se compraron diversos equipamientos relativos a las telecomunicaciones del edificio, que no se incluyeron en el contrato inicial.