Diversos colectivos han expresado hoy sus discrepancias sobre si afecta a Baleares la sentencia del Tribunal Supremo que ordena a la Generalitat de Cataluña que adopte las medidas precisas para que el castellano se utilice como lengua vehicular junto al catalán en el sistema educativo. El Instituto de Política Familia de Baleares (IPFB) ha subrayado que con la decisión del Supremo ha quedado garantizada el deber de todos los colegios de respetar la equidad en todas sus acciones de las dos lenguas oficiales en Baleares.
Para Esquerra Unida de las Islas Baleares-EAiV, sin embargo, la sentencia no debe modificar el modelo actual y considera que «unas reclamaciones puntuales y muy minoritarias» no deben poner en cuestión el modelo del catalán como lengua vehicular y el sistema de inmersión lingüística. Para Esquerra, el fallo del TS es «un ataque claro» contra «nuestra lengua y nuestro modelo de sistema educativo», y significa «un grave y peligroso retroceso democrático y, en definitiva, una agresión sin precedentes».
Llinàs
El conseller d'Educació i Cultura de Baleares, Bartomeu Llinàs, ha asegurado hoy que las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que ordenan a la Generalitat catalana a que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas «no afecta a Baleares» puesto que en las islas existe una «realidad diferente».
En declaraciones a la prensa tras participar en la tradicional copa de Navidad ofrecida por el Govern a los medios de comunicación, Llinàs ha señalado que en Baleares se aplica la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos, por lo que hay «una realidad diferente a la catalana», y «no tiene por qué afectar en absoluto» la sentencia ha remarcado.
«No tiene por qué aplicarse la misma sentencia en dos sitios que hablan la misma lengua pero que tienen un sistema educativo diferente», ha indicado el conseller quien ha eludido valorar la sentencia puesto que «cuando afecte a Baleares ya entraré a criticar, tengo mi opinión pero es una sentencia que se debe acatar».
Finalmente, Llinàs ha afirmado que el Decreto de Mínimos asegura que se imparta el 50 por ciento de la docencia en catalán, mientras que el castellano «dependerá del proyecto lingüístico de cada centro», puesto que no es lo mismo un colegio «inmerso en la Serra» con la mayoría de catalanoparlantes que uno de Palma con gran presencia de inmigrantes, ha explicado.
No obstante, ha detallado, se hacen evaluaciones en los centros y en función de los resultados obtenidos, éstos tendrán que corregir los datos para que se produzca «una igualdad en resultados».
Cabe destacar que la Fundación Círculo Balear (FNCB) ha considerado que las sentencias también son vinculantes para los tribunales de Baleares, y, además, ha aconsejado a los ciudadanos de las islas que consideren que se está vulnerando su derecho a escolarizar a sus hijos en español a que invoquen la sentencia del Alto Tribunal.