La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, iniciará este martes los primeros interrogatorios de los 24 previstos (14 imputados y diez testigos) hasta el 22 de marzo en el marco de una nueva pieza separada del caso Voltor, la número 10, centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió el empresario de la comunicación Jacinto Farrús desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente de la Conselleria de Turismo.
Así consta en una providencia dictada por la magistrada en la que fija como primeras comparecencias la del administrador de Tourin Consulting -empresa propiedad de Farrús- Guillermo Bongiovani, y la de la testigo Magdalena Coll. Mientras, este miércoles han sido citados como encausados el ex contable de UM, Alvaro Llompart, y la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con cuya denuncia se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en torno a estas investigaciones.
Concurso
En su denuncia, Munar ponía de manifiesto que su empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, por un importe de 360.000 euros (417.600 euros con IVA), al que se presentaron -un total de 13 licitantes, y aseveraba que el concurso fue «manipulado» ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, vinculadas a Farrús.
Mientras tanto, las declaraciones se reanudarán a partir del 17 de enero con la del ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el representante legal de THR. También comparecerán como imputados el ex conseller de Turismo Francesc Buils (18 de enero), el ex gerente del Inestur, Antoni Oliver (24 de enero), Andreu Canals (25 de enero), Luisa Tortella, ex directora del CITTIB y ahijada de la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, así como Lidia, Paula y Miguel Gómez (7 de febrero), la ex directora del Inestur, Lourdes Garau (8 de febrero) y finalmente Farrús (2 de marzo). Las pesquisas del caso Voltor se centran en un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.