La subida de un 47 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre 2012 y 2015 que contempla el plan de saneamiento del equipo de gobierno de Aina Calvo ha causado una gran indignación entre los palmesanos. Así, la presidenta de Fepae, Soledad Sarabia, manifestó ayer su rechazo a esta medida «porque repercute en las economías domésticas, que ya están muy perjudicadas por la crisis». Sarabia instó a los políticos a buscar alternativas que no supongan un incremento del IBI o de otros impuestos la próxima legislatura. En términos similares se expresó el presidente de la Unión de Asociaciones de Mallorca, Pere Felip.
Alternativas
Los partidos de la oposición también manifestaron su rechazo a esta medida recogida en el plan de saneamiento aprobado por el gobierno de Calvo, para que Cort pudiera endeudarse en 38 millones de euros destinados a pagar expropiaciones de la Fachada Marítima y facturas de 2008. El presidente de UM Palma, Marc González, explicó que aunque en su día votaron a favor, porque «la situación económica no era tan mala y porque estaban en el equipo de gobierno», ahora están totalmente en contra. Para González hay que hacer todo lo contrario, es decir, bajar impuestos.
El portavoz del PP, Julio Martínez, también anunció que analizarán alternativas para no tener que subir la contribución. «El PP estudiará un nuevo plan de saneamiento con medidas más contundentes que eviten tener que subir el IBI un 47% en cuatro años», manifestó. Los populares proponen conseguir los 38 millones de euros que Cort tiene que devolver en 2015 reduciendo los altos cargos un 25%, con lo que calculan que se ahorrarán cuatro millones de euros; y destinando más dinero de la Ley de Capitalidad a gasto corriente, unos cinco millones más de los tres actuales. Además, Martínez se mostró confiado en que el PP gobierne a nivel nacional y reforme el sistema de financiación local. De este modo, espera que los ayuntamientos obtengan financiación por las llamadas «competencias impropias», es decir, que corresponde a otras instituciones pero que ofrecen los consistorios. En el caso de Cort supondría ahorrar 100 millones de euros anuales.
El partido Centro Democrático y Social (CDS) también manifestó su rechazo a la subida del IBI y proponen una reducción de gastos superfluos en las administraciones.