Los administradores concursales del Grup Drac han solicitado al titular del Juzgado de lo mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, que condene al promotor Vicenç Grande a diez años de inhabilitación por una gestión «dolosa» o «culpa grave» en la generación del estado de insolvencia de tres de sus sociedades: Binipuntiró S.L.U, Binimaría S.L. y Promotora Santa María S.A.U.
Grande convocó concurso voluntario de acreedores, la antigua suspensión de pagos, en junio de 2008 con un pasivo de 900 millones de euros, la mayor en la historia de Balears. Catorce de sus empresas y Grande a título personal fueron declarados insolventes, causando en esos momentos, una gran alarma social por la magnitud de las cifras y el elevado número e acreedores, 700 en total, muchas de ellas entidades financieras, además del Govern, la Agencia Tributaria y empresas del sector de la construcción.
Ministerio Fiscal
Los administradores Jorge Sainz de Baranda, Raimundo Zaforteza y Salvador Fornés, señalan en el informe dirigido al juez, y sobre el cuál también se pronunciará el Ministerio Fiscal, que la conducta de Grande en la gestión de la tres sociedades «está muy alejada de lo que consideramos una actuación diligente». Critica, sin ambages, a tres entidades financieras, Sa Nostra, Bancaja y la CAM, por su «manifiesta falta de diligencia» al conceder créditos a Grande sin que éste ofreciese los avales correspondientes, aunque en su descargo menciona, «la desinformación de la que habrían sido víctimas».
«Sin su coorperación necesaria», afirman los administradores con respecto a esas entidades financieras, «el Grup Drac no hubiera podido consumar esa política de compras compulsivas, a precios muy superiores al mercado, referidas a inmuebles de naturaleza rústica, sólo justificables en el supuesto de que, razonable y objetivamente, pudiera contemplarse su recalificación como un hecho altamente probable y a corto plazo». En el informe, los administradores piden al juez que inhabilite a Grande durante 10 años por su gestión «dolosa» y de «culpa grave» en cada una de las sociedades Binimaría y Polígono Santa María y otros cinco años por Binipuntiró. En total 25 años de inhabilitación para administrar los bienes ajenos, aunque sólo se aplicaría la condena máxima, que es de diez años.