El Govern balear está dispuesto a valorar la exhumación de fosas comunes cuando estén localizadas y quede acreditado que pueden estar enterrados represaliados de la guerra civil y el franquismo. A eso se comprometió ayer el president Antich tras la firma de un convenio con Memoria de Mallorca, la asociación para la recuperación de la memoria histórica de la Isla.
El president Antich; la consellera y presidenta Fundación balear de la Memoria Democrática, Fina Santiago, y la presidenta de la Asociación Memoria Mallorca, Maria Antonia Oliver, firmaron un convenio mediante el que el Govern aporta 36.000 euros para que se localicen y se haga una ficha de cada una de las fosas.
1.400 desaparecidos
Actualmente hay localizadas 32 fosas comunes en la isla en 24 municipios, 23 de ellas con su existencia comprobada y el resto aún por examinar, según los datos de Memoria de Mallorca que servirán de base a la elaboración del mapa. En concreto, consta la existencia de fosas en los cementerios de Calvia, Palma, Bunyola, Alaró, Selva, Sencelles, Algaida, Montuiri, Porreres, Petra y Son Servera, así como en el Moll Vell de Palma, los acantilados de Deia, el Pozo del Aguila de Llucmajor, el Pozo de Sant Lluís de Porreres, el Pozo de Son Bauló de Santa Margalida, el Pozo de Santanyí y en Cas Concos (Felanitx).
El president destacó la labor de señalizar y proteger las fosas, ya que para Antich es «de suma importancia» que haya un lugar donde los descendientes de las víctimas «puedan ir a llorar»,.
La asociación tiene registradas 1.400 personas desaparecidas en la isla durante los periodos mencionados, aunque Oliver no ha podido concretar cuántas de ellas están enterradas en las fosas comunes.
El Govern se comprometió, además, ha promover una ley de fosas, como viene demandando la asociación que preside Oliver, cuyo abuelo fue asesinado por ser socialista.