El Juzgado de Primera Instancia 7 de Palma obliga en un auto a la caja de ahorros Sa Nostra a rebajar los intereses de demora del 24 por ciento que había aplicado a un cliente por el retraso en un pago de un préstamo personal, al considerarlos abusivos.
La resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia de Palma, es la consecuencia de una demanda promovida por la Asociación de Consumidores de Baleares (ACUIB) ante lo que el presidente de esta organización, Carlos Hernández, ha calificado en rueda de prensa como «carnicería» que las entidades de crédito «llevan a cabo diariamente».
Según Hernández, esta es la segunda resolución en Baleares que declara nulos por abusivos los intereses de demora impuestos por un banco, pero en España existen ya unas 90 sentencias de audiencias provinciales en este sentido.
El auto considera abusivo el tipo de interés del 24 por ciento, teniendo en cuenta que actualmente el tipo legal es del 4 por ciento, por lo que el estipulado por la caja lo «sobrepasa en mucho», y más, destaca la resolución, «teniendo en cuenta la grave situación económica actual».
El auto estipula que la caja deberá rebajar el tipo al 13,25 por ciento, una cifra que obtiene del tipo fijado en el contrato más cuatro puntos.
El presidente de ACUIB ha recordado que Sa Nostra es «la entidad de todos» y, como caja de ahorros que es, tiene un fin social, por lo que ha pedido a la entidad que no «masacre a los clientes» con este tipo de cláusulas y modifique «una situación de abuso».
«Alguien tiene que dar el primer paso y esperamos que lo haga Sa Nostra como entidad sin ánimo de lucro», ha afirmado Hernández.
Abuso
En caso de que no lo haga, la asociación indica que luchará «con las armas del Derecho» para «acabar con este abuso».
«Entendemos que un plazo de quince días es tiempo suficiente para modificar una conducta inadmisible desde todos los puntos de vista: moral, ético, económico y jurídico. Caso de no recibir respuesta,
ACUIB demandará a Sa Nostra», asegura en un comunicado. Además, Hernández ha reclamado que estos intereses se regulen en el Congreso, donde ya se aprobó una proposición no de ley en este sentido, con el fin de que se le pongan límites.