El Govern llevará a cabo todos los cambios en el proyecto para el desarrollo urbanístico de Son Bordoy sugeridos por el Ajuntament de Palma en el informe aprobado ayer por el pleno municipal a pesar de que este documento no tiene carácter vinculante.
Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, que ha recordado que las modificaciones planteadas en el informe no son de cumplimiento obligatorio porque un concejal socialista se tuvo que ausentar del debate por motivos de salud y el texto no pudo ser aprobado por mayoría absoluta pese a contar con los votos de los concejales de PSOE, Bloc y UM.
«El Govern lo entiende vinculante», ha recalcado la portavoz, para quien el visto bueno al proyecto por parte del Ajuntament de la capital balear es un motivo de «satisfacción», ya que redunda en beneficio de las personas con dificultades de acceso a la vivienda.
En los terrenos de Son Bordoy se prevé inicialmente la construcción de 750 viviendas de las que 500 son de protección oficial, aunque el proyecto ha de someterse ahora a un proceso de exposición pública hasta el 11 de noviembre y, por tanto, podría modificarse en virtud de las alegaciones que se presenten.
Aprobado por mayoría simple
El pleno del Ajuntament de Palma aprobó ayer por mayoría simple el informe sobre Son Bordoy, por lo que el documento se remite al Govern, pero no será vinculante, es decir, no está obligado a corregir las deficiencias antes de su aprobación definitiva. El equipo de gobierno y UM no alcanzaron la mayoría absoluta porque el regidor del PSOE Paco Donate está de baja por enfermedad y sólo sumaban 14 de los 15 votos necesarios (no bastaba con que un regidor del PP se ausentase). En un primer momento los populares entendieron que si el informe no se aprobaba por mayoría absoluta no se enviaba al Govern y se plantearon que uno de ellos votase a favor, pero Secretaría aclaró que sí se enviaba aunque no fuese vinculante y decidieron votar todos en contra.
La alcaldesa se comprometió a velar porque se corrijan las nueve deficiencias señaladas en el informe técnico (ver apunte). Además, invitó al PP a participar en la comisión técnica. El portavoz del PP, Julio Martínez, aceptó el ofrecimiento, pero reprochó a Calvo que no se lo hiciese hace un año.
Más tiempo
El regidor del PP Àlvaro Gijón hizo especial hincapié en que no están en contra del proyecto, sino que «pedimos más tiempo para estudiarlo». Por ello, el grupo municipal del PP presentó una propuesta alternativa en la que se informaba desfavorablemente. «Pedimos dos meses para estudiar el proyecto y llegaremos a un acuerdo», aseveró Gijón. Sin embargo, la propuesta de los populares fue rechazada con el voto de calidad de la alcaldesa, ya que el equipo de gobierno (con un regidor menos) y UM votaron a favor, mientras que el PP lo hizo en contra.
La regidora d'Urbanisme, Yolanda Garví, espetó a Gijón que «tienen la necesidad de parar el proyecto porque tienen la inquietud de que podamos solucionarlo». Garví reiteró que las deficiencias o son subsanables o no son sustanciales y destacó que este proyecto permitirá poner viviendas a precios asequibles en el mercado; esta teoría también fue defendida por el teniente de alcaldesa de Benestar Social, Eberhard Grosske.
Pese a los intentos, el equipo de gobierno no consiguió convencer al PP de las ventajas de Son Bordoy y los populares lo siguieron calificando de «pelotazo». Además, se preguntaron por qué hay tanta prisa en aprobar este proyecto y Martínez llegó a asegurar que «Son Bordoy responde a intereses particulares. Esto responde a problemas de ciertas personas ligadas al PSOE que gobierna a nivel regional».
En el pleno también se aprobaron dos enmiendas presentadas por UM, con el apoyo del equipo de gobierno y el voto en contra del PP, en los que se acuerda destinar suelo para ubicar un local para las asociaciones y equipamientos deportivos. Las enmiendas del PP y del Bloc fueron todas rechazadas.