La jefa de gabinete de la Conselleria de Turismo, Irene Rigo, ha asegurado en su declaración como testigo ante la jueza que instruye el caso Voltor que cuando en septiembre de 2008 el ex titular de este departamento, Miquel Nadal, asumió el cargo de conseller, decidió fijar reuniones semanales sobre contratación y comunicó a quienes asistían que «quería que todo se hiciera de forma correcta». Es más, ha apuntado que «quiso mostrarles confianza e hizo que la Conselleria funcionara como tocaba».
Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, el fiscal anticorrupción Miguel Angel Subirán y varios de los letrados personados en la causa, en el marco de la cual fue citada junto a otros testigos a petición de la defensa de Nadal, ejercida por el abogado José Zaforteza, a fin de que pudieran explicar la dinámica y el funcionamiento tanto del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) como del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependientes de la Conselleria.
En su deposición, Rigo ha explicado que la pretensión del también ex presidente de UM era hacer reuniones de equipos con los directores generales, los gerentes de Ibatur e Inestur y otros cargos ya que «no conocía a todo el mundo ni tenía especial confianza con ellos», debido a que muchos de ellos habían sido nombrados durante la época de su antecesor en el cargo, Francesc Buils, quien también se encuentra imputado dentro de este procedimiento.
Sin embargo, ha explicado que al transcurrir unos meses se produjo un «cierto enfriamiento en la relación» ya que en las reuniones «había un poco de tensión porque no se hacían las cosas como quería Nadal y debía impartirles algunas órdenes». Tal y como ha explicado, fuera de estas reuniones el ex conseller habitualmente no daba órdenes en materia de contrataciones.
Preguntada por la tramitación de los contratos menores, ha aseverado que pese a que asistió a todas estas reuniones, no se trató ningún contrato con el ex concejal de Turismo en Sóller Bartolomé Plomer (UM), a quien según las investigaciones Nadal habría gratificado con 12.000 euros por su labor como edil. Es más, Rigo, que ha detallado cuál era la función de los distintos cargos dependientes de la Conselleria, ha manifestado que en el caso del Inestur, éste no daba cuenta de todos los contratos menores aunque sí en relación a contratos «importantes».
«No era habitual que el conseller hiciera un contrato menor»
Junto a la jefa de gabinete también ha sido interrogado el ex jefe de prensa de la Conselleria, Pedro Aguiló, quien también en referencia a este tipo de contratos ha señalado que la orden de efectuarlos era función del director gerente del Inestur y el del Ibatur, quienes podían darlos directamente, como se podía hacer en el caso de Plomer, según ha especificado. «El conseller podía hacer un contrato menor, pero no era lo habitual», ha incidido el periodista.
En cualquier caso, ha asegurado que en ningún momento vio que Nadal hiciera un contrato menor, al tiempo que ha asegurado no recordar que impartiera orden alguna sobre la intervención de la secretaria general de la Conselleria, Magdalena Vives.
Mientras tanto, han sido aplazadas, por no haber podido comparecer, las declaraciones de la ex directora del Ibatur, Susanna Schiacovelli, y al ex director general de Ordenación y Planificación Turística, Carlos de Salvador, en el marco de una compleja causa que indaga un presunto desvío de fondos públicos a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.
Las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento dentro de esta causa, en el marco de la cual han sido detenidas una veintena de personas, apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.